Caso Koldo
La UCO pide rastrear las cuentas de Pardo de Vera y del exdirector de Carreteras en busca de "contraprestaciones"
La Policía Judicial solicita a la Audiencia Nacional un "estudio económico tributario" de Isabel Pardo de Vera y Francisco Javier Herrero, a quienes define como "facilitadores" de "exitosas adjudicaciones proyectadas" en Transportes durante la etapa de Ábalos.
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha elevado al juez un oficio para que se analicen a fondo las cuentas de Isabel Pardo de Vera (ex presidenta de Adif) y Francisco Javier Herrero (ex director de Carreteras), ambos imputados en el caso Koldo.
El objetivo es localizar “contraprestaciones” vinculadas a adjudicaciones públicas. En el documento, la Policía Judicial sostiene que los dos “fueron ‘facilitadores’ para las ‘exitosas adjudicaciones proyectadas’ en el Ministerio de Transportes” durante la etapa de José Luis Ábalos y considera “imprescindible para el buen fin de la investigación” practicar un “estudio económico tributario de los dos investigados”.
La UCO solicita al magistrado requerir “los productos financieros donde Pardo de Vera y Herrero figuran o han figurado como titulares, autorizados y/o representantes”. En el caso de Herrero, los agentes apuntan a su condición de autorizado o titular en cuentas de Polis Project y Palta Naturae.
Entre las entidades a las que proponen oficiar figuran Andbank, BBVA, Banco de Caminos, Banco Sabadell, Banco Santander y Arquia Bank. La petición pretende trazar movimientos bancarios, posibles ingresos atípicos y su eventual conexión con contratos públicos.
Los audios y la presión sobre Herrero
El oficio recuerda los audios intervenidos al ex asesor de Ábalos, Koldo García, y recoge la preocupación del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, “por la posibilidad de que terminasen desprendiéndose de Herrero, puesto que podría ‘contar lo que hay’”. “De lo que se desprende”, señala la Guardia Civil, que “Herrero tenía información que pudiera resultar comprometedora para Santos y Koldo y que unos terceros le habrían realizado una promesa en compensación por el hecho de ejercer la presión para la consecución de la obra del Puente del Centenario de Sevilla”.
En este punto, la UCO llega a afirmar que Ábalos y Koldo “habrían cobrado presuntas contraprestaciones económicas por su labor en beneficio de constructoras”.
Ambos investigados ya habían comparecido ante los tribunales en fases previas de la causa. En una resolución anterior, “El juez retira el pasaporte a Pardo de Vera”, que “niega irregularidades en Adif y declara que se quejó a Ábalos de la insistencia de Koldo”.
La Guardia Civil, por su parte, “vincula a Pardo de Vera con al menos cuatro adjudicaciones amañadas y resalta el interés de Santos Cerdán por ‘promocionarla’ para conseguir más obras”. Con la nueva solicitud, la investigación entra en una fase patrimonial para esclarecer si existieron beneficios económicos ligados a contratos públicos y, en su caso, quién los percibió.
El rastreo financiero pedido por la UCO puede resultar clave para confirmar o descartar la existencia de pagos, retornos o ventajas asociados a adjudicaciones. De autorizarlo, el juez podría ampliar el perímetro de la pesquisa y consolidar indicios sobre la presunta trama de mediación en el Ministerio de Transportes.
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