El TSJM estudia el recurso contra el traslado a Logroño de dos etarras y pide el expediente de los presos a Interior

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha admitido a trámite el recurso presentado por el presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, Daniel Portero, contra el pase a segundo grado y el traslado a una cárcel de Logroño de los etarras Harriet Iragui Gurruchaga y Juan Antonio Olarra Guridi, condenados por el asesinato de su padre, Luis Portero, y ha pedido ya al Ministerio de Interior el expediente administrativo de ambos casos.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ha dado al departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska 20 días para que envíe el expediente administrativo sobre las dos resoluciones recurridas por Dignidad y Justicia: una por la que se acuerda la progresión a segundo grado y el traslado de Gurruchaga desde una cárcel de Castellón y otra por la que se ordena lo mismo para Guridi, hasta ahora en una prisión de Granada.

El TSJM ha accedido así a lo solicitado por Portero, si bien en este orden jurisdiccional es el trámite asociado a la admisión del recurso en cuestión, que también es la norma en lo contencioso-administrativo salvo error formal.

Intento de frenar el acercamiento

En su recurso, consultado por Europa Press, Portero solicitaba al TSJM que reclamara estos expedientes administrativos con miras a formalizar la correspondiente demanda, en un intento por frenar el acercamiento a Euskadi de los etarras condenados por el asesinato de su padre, quien fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Gurruchaga fue condenado como autor material y Guridi como inductor.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias autorizó en marzo el traslado de Gurruchaga y Guridi, junto a otros presos de ETA, a cárceles más próximas al País Vasco y Navarra, tras ser previamente clasificados en segundo grado a propuesta de las juntas de tratamiento.

Está solicitud llega en medio de la polémica entre el Gobierno y las asociaciones de víctimas del terrorismo por la política de acercamiento de presos del Ejecutivo de Pedro Sánchez.