El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha pedido que se depuren responsabilidades ante la "cadena de sabotajes" a sedes judiciales por parte de los CDR, que ve "inaceptable" en un Estado de Derecho, ya que altera el "normal funcionamiento" de las instituciones del Estado.

Los Comités de Defensa de la República han arrojado heces y otros residuos a las puertas de una veintena de juzgados, entre ellos la Ciudad de la Justicia de Barcelona o los de Girona, en una protesta por el inminente inicio del juicio por el procés.

En un comunicado, la sala de gobierno del TSJC ha condenado de manera "rotunda y enérgica" la "cadena de sabotajes" en las sedes judiciales, que han sido "prácticamente generalizados" en toda Cataluña.

Según el alto tribunal catalán, este tipo de acciones son "inaceptables" en un Estado de Derecho y demandan la depuración de responsabilidades que se puedan derivar de ellas. "Estas acciones coordinadas, que vienen repitiéndose desde hace meses, constituyen un ataque material que no altera la normalidad con la que los representantes del poder judicial en cada partido judicial atienden y resuelven los asuntos que los ciudadanos les plantean en defensa de sus derechos", apunta la nota.

Según el TSJC, la sucesión de "sabotajes" ha provocado este lunes una "importante incidencia" en la apertura de los edificios judiciales, hasta el punto de que ha obligado a cerrar algunas instalaciones, lo que ha tenido "influencia directa" en el servicio al ciudadano.

La protesta ante los juzgados, que los CDR han reivindicado en su cuenta de Twitter, lleva como lema "mierda de justicia" y "juicio farsa", en una crítica al juicio del procés que se iniciará el próximo 12 de febrero en el Tribunal Supremo.

Tras estos actos, los CDR han recalcado en su cuenta de Twitter: "No podemos normalizar la situación. Pronto empezará el #juicioFARSA y la sentencia ya está escrita. Quieren encarcelar a todo un pueblo. Ante este atentado contra el estado de derecho, nos mantenemos firmes y movilizadas".

 

Además, en Esplugues de Llobregat (Barcelona) se ha recordado también a Adrià Carrasco, miembro de los CDR que el 10 de abril de 2018 se marchó a Bruselas al saber que la Guardia Civil lo buscaba para detenerlo por haber participado en unos cortes de carretera y en una apertura de peajes en distintas movilizaciones del procés.