Caso Koldo
El Tribunal Supremo mantiene a Ábalos y Koldo en prisión sin fianza por alto riesgo de fuga
La Sala de lo Penal desestima los recursos de Ábalos y Koldo y avala la decisión del juez instructor.

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El pasado 27 de noviembre, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el que fuera su asesor, Koldo García, estaban citados a declarar en el Tribunal Supremo por su presunta implicación en la trama de las mascarillas. Desde entonces, ambos permanecen en prisión provisional en la cárcel madrileña de Soto del Real, y este lunes el Supremo ha decidido que continuarán ahí.
El alto tribunal ha acordado mantenerlos entre rejas al considerar que todavía existe un alto riesgo de fuga, y también porque el próximo seis de febrero celebrará el 6 de febrero la audiencia preliminar del juicio por presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos de mascarillas durante la pandemia para estos dos y el empresario Víctor de Aldama.
La decisión ha sido tomada por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena, quienes han desestimado los recursos presentados por las defensas de Ábalos y García. Estos pedían su puesta en libertad, pero la Sala de Apelación ha respaldado al juez instructor del caso, Leopoldo Puente, que en su momento decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza.
En su resolución, los magistrados destacan la gravedad de las penas que podrían imponerse, la solidez de los indicios existentes y el riesgo de que ambos acusados intenten eludir la acción de la justicia. Tanto la Fiscalía como la acusación popular también habían pedido que se mantuviera la medida de prisión provisional.
¿Qué pide Fiscalía?
Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción presentó el pasado mes de noviembre, antes de ingresar el exministro y exasesor a prisión, su escrito de acusación y pide 24 años de prisión para José Luis Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama.
Al extitular de Transportes le atribuyen los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y malversación de caudales públicos. Según el Ministerio Público, el exministro habría aprovechado su posición para facilitar adjudicaciones irregulares ligadas a contratos de mascarillas durante la pandemia.
En concreto, Anticorrupción solicita siete años de cárcel por organización criminal, seis por cohecho continuado, dos por uso de información privilegiada, cuatro por tráfico de influencias y cinco por malversación. Además, pide su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante varios años y una multa económica por las ganancias obtenidas de forma ilícita.
En el caso de Koldo también es por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Se le imponen varias inhabilitaciones que le impedirían ocupar cargos públicos o presentarse a elecciones, así como sanciones económicas elevadas. Los fiscales sostienen que su papel fue esencial en la red de comisiones ilegales que, presuntamente, beneficiaba a empresarios del entorno político del exministro.
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