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IBAN A PRESIDIRLA EL PRÍNCIPE Y EL MINISTRO DE EDUCACIÓN

Suspendida la apertura del curso universitario por temor a incidentes

El acto de apertura del curso universitario 2013-2014, que iba a celebrarse el lunes en Zaragoza con asistencia de José Ignacio Wert y el Príncipe de Asturias, se ha suspendido ante la "certidumbre" de alteraciones que pudieran desencadenar "incidentes de mayor gravedad".

La Universidad de Zaragoza ha suspendido el acto de apertura del curso universitario 2013-2014, que debían presidir el próximo lunes el Príncipe Felipe y el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ante la "certidumbre" de alteraciones por parte de invitados que pudieran desencadenar "incidentes de mayor gravedad".

El anuncio ha sido hecho público por el rector de la Universidad de Zaragoza, quien ha justificado la decisión adoptada en la certeza que tenía de que algunos invitados pudieran provocar "alteraciones" diversas.

Según ha manifestado el rector, estas alteraciones en el desarrollo del acto podían derivar en consecuencias e incidentes "de mayor gravedad", por lo que no podía garantizar su papel como anfitrión ni que no se produjeran situaciones que provocaran problemas de seguridad.

El rectorado había cursado unas trescientas invitaciones para asistir al acto inaugural, entre docentes y miembros de otras instituciones universitarias, representantes del alumnado, instituciones civiles, militares y religiosas, y partidos políticos.

Tras la decisión adoptada, el Colectivo de Estudiantes Progresistas de Aragón (CEPA) ha desvelado que sus representantes mantuvieron una reunión este miércoles con el rector en la que le manifestaron su intención de leer un comunicado durante la celebración del acto.

Los estudiantes tenían previsto, además, vestir la camiseta verde que simboliza las protestas.

Fuentes consultadas entre los docentes de la institución universitaria zaragozana han rechazado a su vez que tuvieran intención de protagonizar algún tipo de incidente violento, y que la decisión de suspender el acto era un intento de "criminalización" de los colectivos sociales opuestos a los recortes.

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