El Supremo otorga 15 días "improrrogables" al Gobierno para acoger a los menores migrantes en Canarias

El Tribunal Supremo otorga un plazo máximo e "improrrogable" de 15 días al Gobierno para que asuma la tutela de aproximadamente de 1.000 menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo de las Islas Canarias.

El alto tribunal insta ya al Ejecutivo a que proceda a cumplir la orden de hace siete meses que consistía en hacerse cargo de los menores por la situación de hacinamiento en la que se encontraban las instalaciones del archipiélago. Los magistrados exigen que tome "cuantas medidas sean necesarias con el carácter de urgencia que estas actuaciones imponen".

La Sala de lo Contencioso-Administrativa da este paso después de que la administración canaria trasladara que está siendo insuficiente el ritmo con el que el Estado está cumpliendo con el mandato. De hecho, avisó de que se mantenía "la situación de hacinamiento de menores no acompañados solicitantes de protección internacional en las instalaciones", e, incluso, se ha incrementando "con la llegada de nuevos menores en la situación mencionada".

Además, afirma que "no le falta razón" a este Gobierno autonómico cuando "pone de manifiesto la trascedente demora que se aprecia", pese a que en marzo y en mayo se fijó que el "acceso y la permanencia" de los menores en el Sistema Nacional de Acogida (SNAPI) debía llevarse a cabo "de manera taxativa e inminente".

Por estos motivos, el Supremo estima que la medidas hasta ahora comunicadas por el Gobierno no han cumplido los términos de la orden impuesta. También, le advierte de que debe hacerlo "sin posibilidad de excusa o reparo". "Si bien y no sin previo recordatorio por este Tribunal, la Administración General ha remitido periódicamente a este Tribunal las concretas actuaciones que se han desarrollado; es lo cierto que dichas actuaciones no han propiciado el cumplimiento de los claros términos de la orden dada", añade la Sala.

A fecha del 21 de octubre, Canarias cifró en 191 los menores trasladados por el Gobierno y en 899 el número de estos niños que aún atendían los servicios regionales.

El Supremo avisa de posibles sanciones

En sus requerimientos para que el Gobierno cumpla la orden, el Supremo llegó a advertirle en junio de que si no cumplía las medidas podría imponer medidas coercitivas a los responsables y en su último auto ha recordado el aviso sobre posibles “apercibimientos”. También, el Supremo exigió que Canarias y el Ejecutivo le informasen cada 15 días sobre este proceso y señaló de nuevo al Estado a cumplir su mandato el pasado mes de julio.

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