El Senado decide llevar al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por no presentar los presupuestos

En este último Consejo de Ministros del año se ha aprobado la subida de las pensiones, el abono único de transporte y la prórroga del escudo social. Sin embargo, no se ha presentado los presupuestos prorrogados de 2023.

Ahora el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, plantea al Tribunal Constitucional un nuevo conflicto de atribuciones con el Gobierno por no haber presentado los Presupuestos Generales del Estado para 2026.

Esta iniciativa viene después de que el pasado 22 de octubre la Cámara Alta acordara un el planteamiento de este conflicto y así exigir al Ejecutivo que presentara los presupuestos.

"Ante la falta de contestación por parte de la Presidencia del Gobierno, la Cámara Alta ha presentado formalmente ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones entre las dos instituciones" ha señalado el Senado.

La Cámara Alta expresa que "las Cortes Generales no pueden ejercer su competencia en materia presupuestaria" y "se limita la capacidad del Parlamento de modificar el texto, proponer alternativas y, sobre todo y en último término, aprobarlo o rechazarlo". Por todo ello, el Senado afirma que "el Gobierno está utilizando de forma abusiva la prórroga presupuestaria".

Con este retraso de la presentación de los presupuestos, el PP busca que el Tribunal Constitucional fije un "plazo máximo" al Ejecutivo para que cumpla con este cometido octubre de este año, los populares tacharon de "anomalía democrática" el hecho de que el Gobierno no hubiera presentado los presupuestos.

Los populares aprobó este conflicto de atribuciones hace dos meses con el objetivo de que el Gobierno procediera a la elaboración de los presupuestos y remisión al Congreso de los presupuestos. El Ejecutivo tuvo un mes para contestar el planteamiento del conflicto de atribuciones.

El Congreso, incapaz de aprobar los presupuestos

Este conflicto llega dos meses después de que el Congreso rechazara por segunda vez los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de las administraciones para el periodo 2026-2028, lo que suponía el paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, y la convalidación de los decretos para subir el salario de los funcionarios públicos y retrasar un año la entrada en vigor de 'Verifactu'.

Los objetivos fueron rechazados por 177 votos en contra, de PP, Vox, Junts y UPN, 166 a favor y 5 abstenciones, siguiendo la votación de la primera senda a finales de noviembre.

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