El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja este jueves a Estrasburgo (Francia) para una visita institucional al Consejo de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que pondrá en valor la fortaleza del Estado de Derecho en España, han informado fuentes del Ejecutivo.
La visita se produce en vísperas de que comience, la próxima semana, el juicio contra los políticos acusados por el referéndum independentista del 1 de octubre del 2017. Las fuentes consultadas han incidido en que la visita se fijó el pasado diciembre, antes de que se conociese la fecha de apertura del juicio.
Con todo, la visita a las instituciones que velan por los Derechos Humanos en el continente europeo -y que no tienen nada que ver con la UE- permitirá a Sánchez lanzar un mensaje de fortaleza del Estado de Derecho, si bien el viaje no se diseñó específicamente para eso.
El presidente del Gobierno intervendrá ante el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en un foro donde habitualmente los discursos son a puerta cerrada, pero en esta ocasión el suyo se retransmitirá por streaming.
La visita le permitirá también destacar la agenda de su Gobierno en materia de Derechos Humanos de nueva generación, como la igualdad de género o lo relacionado con el cambio climático.
Según fuentes de Moncloa, en su intervención señalará que la esencia de la España actual es ser un Estado de derecho, en el que los derechos individuales, las libertades públicas y los derechos de las minorías están garantizados y protegidos.
En Estrasburgo, Sánchez se reunirá con el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland y con la presidenta de la Asamblea Parlamentaria del órgano, Lilian Maury Pasquier. Después, está previsto un encuentro con el presidente del Congreso de poderes locales y regionales del Consejo de Europa, Anders Knape.
A meodiodía será su reunión con el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Guido Raimondi. En su encuentro con Raimondi, le trasladará el respeto de España a su jurisprudencia y el apoyo constante del gobierno español a la promoción de los DDHH. Además, expondrá que su gobierno ha hecho de los derechos humanos "una prioridad desde el primer día, restableciendo la sanidad universal, defendiendo la igualdad de género, volviendo a dotar la Ley de Dependencia y avanzando en derechos llamados "de cuarta generación", en línea con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Tras una visita a la sala de audiencias, Sánchez verá al personal español del Consejo de Europa. A las 12.45 está previsto su discurso ante el Comité de Ministros y, después, almorzará con Jagland, con lo que terminará la visita.
Con Jagland ya se reunió, el pasado septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell. En aquella ocasión, el responsable europeo apostó por una solución para Cataluña basada en la Constitución. También dijo no tener "ninguna duda" de que los Tribunales españoles están abordando el juicio del 1-O "basándose en la legislación española y en la Convención Europea (de Derechos Humanos) a la que España se ha comprometido".
Estrasburgo y, en concreto, el TEDH, es un centro de interés porque, si los acusados por el 1-O son condenados por el Tribunal Supremo, la sentencia será firme y sólo podrían recurrir ante el Tribunal Constitucional, si consideran vulnerados sus derechos fundamentales, o, agotada esta vía, apelar a Estrasburgo.
Con todo, el juicio del 'procés' no es el único asunto interesante en la relación entre España y el Tribunal de Estrasburgo, que ha dado a España varapalos recientes. En noviembre pasado, dictaminó que la Audiencia Nacional había vulnerado los derechos fundamentales del exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi en el juicio del caso Bateragune--por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna-, que le había condenado a 10 años de inhabilitación, vigentes aún, por pertenecer a la banda terrorista ETA.
Aunque la sentencia no indemniza a Otegi, sí le permite pedir en España una revisión de aquella sentencia. La Abogacía del Estado, en un informe remitido al Gobierno, desaconseja recurrir la decisión ante la Gran Sala de Estrasburgo, pero el Ejecutivo aún no ha aclarado qué piensa hacer.
