La salida del PP de la expresidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, y su salto a Ciudadanos con la intención de encabezar sus listas en las elecciones regionales, ha avivado la polémica sobre las ayudas que su marido, el empresario Javier Meléndez, recibió de la Junta cuando ella era consejera.

A pesar de la polémica generada estos días en Castilla y León, con el PP al frente, sobre la posibilidad de que se hubiera incurrido en algún tipo de irregularidad en estas ayudas, el frente judicial se centra en una única subvención que le fue denegada a esa compañía.

La empresa Meléndez, propiedad de Javier Meléndez, es una de las más importantes del país en el sector de la patata. Esta empresa se encuentra entre las varias que han obtenido ayudas por parte de la Consejería de Agricultura de Castilla y León, departamento que entre 2007 y 2015 dirigió Silvia Clemente.

Una de estas ayudas, por 598.000 euros, es la causa de un enfrentamiento judicial que mantiene Javier Meléndez con la Junta de Castilla y León desde algo más de un año y que ha acabado en la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL. El caso se centra en un proyecto que Patatas Meléndez puso en marcha junto al Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl), dependiente de la Consejería, y una empresa tercera dedicada a desarrollar proyectos objeto de subvención pública.

Estas tres partes pusieron en marcha un proyecto que presentaron a la Consejería de Agricultura, que lo tramitó, pero que finalmente lo rechazó en una resolución del 8 de agosto de 2017, según han informado fuentes del caso, que han explicado que no es cierto que esta subvención se concediese en la época en la que Silvia Clemente era consejera y luego se rechazase cuando dejó de serlo.

Esta subvención, que está en el centro de la polémica, nunca se llegó a adjudicar. Se tramitó, pero se rechazó. En ese momento, la empresa Meléndez requirió a la Consejería de Agricultura la documentación de ese expediente en vía administrativa, pero no obtuvo respuesta.

Ante esta situación, el 16 de octubre de 2017 la empresa Meléndez decide acudir al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad para presentar una demanda de procedimiento ordinario contra la resolución de agosto de 2017 de la Dirección General de Competitividad de la Industria Agroalimentaria que denegaba la subvención.

Pedía al Alto Tribunal que requiriese a la Consejería de Agricultura la copia certificada del expediente tramitado por el Itacyl y todos los archivos, actuaciones y tareas para el proyecto objeto de subvención, que se denomina "proyecto S31", además de solicitar una serie de declaraciones de testigos relacionados con el proyecto.

Finalmente, en octubre de 2018, el TSJCyL informó a las partes implicadas en el caso de que ya estaba en su poder toda la documentación del expediente que le había remitido el Itacyl de la Consejería de Agricultura y daba un plazo de diez días para presentar unas nuevas conclusiones a todas las partes.

En los próximos días se sabrá finalmente el sentido de fallo del Alto Tribunal, cuya expectación es alta debido a la salida del PP de la expresidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, que se encuentra inmersa en la campaña de primarias para lograr ser la candidata de Ciudadanos a la Junta de Castilla y León.