Aborto

El TC rechaza la abstención de Espejel y continúa adelante con el recurso del aborto

Hoy comenzaba el pleno para debatir el recurso presentado por el Partido Popular contra la reforma del aborto aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. Casi 13 años después se ponía sobre la mesa uno de los asuntos más controvertidos ante un Tribunal Constitucional recientemente renovado, con Cándido Conde-Pumpido como presidente y con mayoría progresista.

Imagen de archivo de la magistrada Concepción Espejel

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Durante la primera jornada se ha declarado no justificada la abstención de la magistrada Concepción Espejel para participar en la deliberación del recurso de inconstitucionalidad presentado contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Espejel exponía que su abstención estaba fundamentada en su participación como vocal del Consejo General del Poder Judicial en julio de 2009, en los trabajos preparatorios del informe sobre el anteproyecto de ley, que fue sometido a votación del pleno del CGPJ, sin llegar a ser aprobado, porque no fue incorporado al proceso legislativo que dio lugar a su posterior aprobación.

Según explica la nota difundida por el Constitucional, el rechazo se fundamenta en cuatro consideraciones que se apoyan en la jurisprudencia del TC y en las particularidades del caso. Son las siguientes, sintéticamente expuestas:

a) la abstención ha sido presentada en un proceso de control abstracto de constitucionalidad de la ley, que no es un proceso de partes en el que se ventilen intereses particulares;

b) el objeto del recurso de inconstitucionalidad sobre el que ha de deliberar el Pleno no coincide con el del anteproyecto de ley sobre el que se recabó el fallido informe del Consejo General del Poder Judicial;

c) la solicitud de recusación se vincula a la exteriorización de un criterio jurídico que fue expresada hace más de doce años; lo que es habitual pues los magistrados del Tribunal Constitucional son elegidos entre juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional, y no les inhabilita para ejercer su función en este tipo de procesos constitucionales;

d) pese a someterse a votación, los trabajos preparatorios del informe no vinculante solicitado por el Gobierno al Consejo General del Poder Judicial no dieron lugar a la aprobación de dictamen alguno, por lo su contenido no fue trasladado al Gobierno.

Los magistrados del sector conservador, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa ya han anunciado que emitirán un voto particular en contra.

El nuevo pleno, ahora de mayoría progresista, debatirá, previsiblemente este miércoles, la propuesta de sentencia desarrollada por el magistrado conservador Enrique Arnaldo. Y las claves se centran, por un lado, en que avala la constitucionalidad del sistema de plazos y, por otro, sí aprecia posibles inconstitucionalidades en la regulación del ejercicio a la objeción de conciencia por parte de los facultativos y en el derecho de información de las mujeres que optan por la interrupción voluntaria del embarazo.

No parece fácil que Arnaldo redacte una sentencia del gusto de sus compañeros progresistas, que son la mayoría. Seguramente se tenga que enfrentar a un texto con el parecer de sus compañeros y después formular un voto particular en contra. La otra posibilidad, es que se envíe el asunto a otro magistrado. Eso ya ha ocurrido en otras dos ocasiones, ha pasado por otros magistrados, la progresista Elisa Pérez Vera y el conservador Andrés Ollero pero ninguno consiguió llevarlo a pleno conocedores de la dificultad del asunto y de conseguir una amplia mayoría.

Con la decisión tomada hoy sobre la posible abstención de Concepción Espejel se evitará el riesgo de quedarse sin quórum para resolver el recurso del Partido Popular, porque se evita también que se tuvieran que apartar el presidente Conde-Pumpido, por entonces Fiscal general del Estado y que emitió un informe, la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, también vocal del CPGJ y que también se pronunció, y el recién nombrado Juan Carlos Campo, exministro de Justicia y secretario de Estado de Justicia del Gobierno de Zapatero. El aborto podría quedar en vía muerta.

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