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Sentencia 'procés'
¿Qué se ha juzgado en la sentencia del 'procés'?
Los magistrados encabezados por Manuel Marchena han analizado fundamentalmente lo sucedido en el otoño de 2017 relacionado con el referéndum del i de octubre.
- Cuatro meses de juicio con más de 50 sesiones
- 400 testigos
- Decenas de vídeos y múltiples informes
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, tenía que decidir si la conducta de los acusados durante el proceso de más de dos años que llevó a la declaración unilateral de independencia encajaba en los delitos de rebelión, sedición o malversación que apreciaban las acusaciones durante el juicio del 'procés'. Ha examinado las declaraciones de los acusados, testigos y peritos, las pruebas documentales, para dilucidar si en las jornadas claves del 'procés' se dieron los elementos de "alzamiento violento" o "tumultuario" que requieren, respectivamente, los delitos de rebelión y sedición, que figuran entre los más graves del Código Penal.
El juicio con más trascendencia política en décadas
Los altercados e incidentes que, según la Fiscalía y la acusación popular de Vox, permiten hablar de alzamiento "violento" en el juicio del procés se produjeron principalmente en dos fechas concretas: el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017.
20 de septiembre de 2017
Unas 40.000 personas se manifestaban durante la Operación Anubis de la Guardia Civil contra los preparativos de la consulta ilegal del 1 de octubre ante la Consejería de Economía de la Generalitat. El registro, ordenado por el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, se vio entorpecido por los concentrados, convocados por los entonces líderes de las entidades soberanistas Òmnium y ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. En los altercados, dos vehículos de la Guardia Civil quedaron prácticamente destrozados por los manifestantes y la letrada del juzgado se vio obligada a salir de la Consejería a través del tejado.1 de octubre de 2017
La Generalitat de Cataluña, presidida por Carles Puigdemont, aplicó las llamadas leyes de desconexión aprobadas el 6 y 7 de septiembre anterior, y organizó un referéndum de independencia. Pese a que la consulta ilegal había sido suspendida por el Tribunal Constitucional —que había puesto multas a los miembros de la llamada Sindicatura Electoral— y prohibida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, centenares de colegios electorales abrieron ese día en toda la comunidad en un acto de desafío a los tribunales y al Gobierno.
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