¿Qué cambia a la hora de juzgar los delitos sexuales tras la aprobación de la ley de libertad sexual?

La ley de libertad sexual llega a la mesa del Consejo de Ministros y está previsto que hoy el Gobierno apruebe el proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual que cambiará la forma en que se juzgan los delitos sexuales, regulará el consentimiento expreso, acabará con la distinción entre abuso y violación y perseguirá a la industria proxeneta.

Tras 16 meses de un camino tortuoso la legislación que amplía el concepto de violencia sobre la mujer más allá del ámbito de la pareja y la expareja verá luz verde después de haber sido ampliamente demandada por el movimiento feminista, sobre todo a raíz de la violación grupal de la Manada.

¿Qué cambia a la hora de juzgarse los delitos sexuales con la ley del solo sí es sí?

A partir de ahora la pieza clave para juzgar los delitos sexuales pasa a ser el consentimiento expreso que queda definida de la siguiente forma: "Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente, mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Este punto supuso uno de los primeros roces en el Gobierno de coalición entre el ala de Unidas Podemos y la cartera de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial criticó duramente el punto del consentimiento además de cuestionar también la supresión del abuso sexual. Por su parte el Consejo Fiscal sí avaló el proyecto aunque sugirió a Igualdad una redacción más clara y en positivo, no en negativo, recomendación que finalmente se ha tenido en cuenta.

El departamento de Irene Montero defiende que de esta manera las víctimas ya no tendrán que acreditar que han sufrido violencia o que se han resistido; todo acto sexual sin consentimiento será agresión y se eliminarán los abusos sexuales del Código Penal.

A partir de la ley del solo sí es sí se considerará violencia sexual la agresión, el acoso, el exhibicionismo, el acecho o acoso callejero, la provocación sexual, la prostitución ajena, la explotación sexual, la corrupción de menores, la mutilación genial femenina, el matrimonio forzado, el feminicidio sexual y, en el ámbito digital, la violencia sexual transmitida por medios tecnológicos, la extorsión sexual y la pornografía no consentida.

El Gobierno aspira además a acabar con la impunidad de la industria proxeneta y para ello endurecerá el Código Penal para perseguir todo tipo de proxenetismo y castigar a quienes se lucran del alquiler de locales donde se produce explotación sexual, la llamada tercería locativa.