Puigdemont mueve ficha desde Waterloo y complica a Moncloa los presupuestos

Al Gobierno se le han juntado dos problemas con fecha: el proyecto de presupuestos, que Moncloa debería registrar antes del 1 de octubre, y la crisis de las pulseras telemáticas contra el maltrato, convertidas en termómetro de gestión y coordinación. En medio, la llave de Carles Puigdemont y los siete escaños de Junts, imprescindibles para que las cuentas prosperen.

Este lunes, Puigdemont reunió a la cúpula de Junts en Waterloo para fijar posición. El expresident ya trasladó la semana pasada a José Luis Rodríguez Zapatero su negativa a apoyar las cuentas sin avances verificables en los acuerdos entre ambas partes. En el partido insisten en que, sin hechos, no habrá sí.

En la sala de máquinas del Ejecutivo repiten un lema que busca mostrar músculo negociador: "Sudamos la camiseta para sacar los presupuestos". El objetivo es cumplir el mandato constitucional, incumplido en los dos cursos anteriores, y abrir pasillos con cada grupo. Desde Junts, hermetismo: "Nunca hacemos comentarios" sobre los contactos.

Pulseras contra el maltrato

El llamado "problema de las pulseras", dispositivos telemáticos para controlar a agresores de violencia machista, ha escalado en el debate como indicador de capacidad de respuesta. La oposición pide certezas sobre cobertura, plazos y ejecución; los socios reclaman recursos y homogeneidad territorial.

En Moncloa admiten que el asunto se ha convertido en un test de credibilidad que contamina otras negociaciones.

Inmigración, el nudo de la negociación

Junts condiciona su apoyo a "cerrar carpetas", entre ellas el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña. El Congreso podría tumbar la iniciativa y en el PSOE marcan distancia: "Al PSOE tampoco le podemos achacar lo que vayan a votar otros…".

Podemos ya ha anunciado el no: "Es un texto abiertamente racista". Frente a las acusaciones de catalanofobia lanzadas por Junts, replican: "Se pueden ir a la mierda…".

Desde Sumar defienden el texto: "El problema no está en quién ostenta la competencia del 1 al 13 ningún art. que pueda ser racista…", aunque en su espacio aún hay voces sin postura pública.

En el PSOE asoman críticas internas: "Nadie con sentido común en España se ha llegado a fiar un minuto de alguien como Puigdemont". La oposición acusa a Moncloa de una nueva cesión al independentismo y traza líneas rojas: "Dar las competencias a Junts para mí no es constitucional, Junts es la fuerza de destrucción de España".

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