El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha considerado "indecente" que el Tribunal de Cuentas estudie exigir al expresident Artur Mas que pague los gastos de la consulta del 9N y ha preguntado al ministro Cristóbal Montoro si responderá con su patrimonio por su "amnistía fiscal ilegal". En declaraciones a RAC 105, Puigdemont ha salido al paso de la decisión del Tribunal de Cuentas de continuar con el juicio contable a Mas y a los exconsellers Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs para determinar si tienen responsabilidad en el gasto de cinco millones de euros de dinero público para llevar a cabo la consulta del 9N.
Para Puigdemont, es "terriblemente injusto" y un "abuso" el hecho de que los cuatro responsables de la consulta soberanista del 9N de 2014 "sean perseguidos por sus ideas y su compromiso democrático" por un Tribunal de Cuentas integrado por "gente directamente vinculada al PP". Puigdemont ha denunciado que, mientras Mas y los tres exconsellers son "perseguidos" por "haber puesto urnas", el Estado es "incapaz de mover un dedo para recuperar los 60.000 millones de euros de todos los contribuyentes" que sirvieron para "rescatar a los bancos", un "préstamo que no han devuelto". Además, ha recordado la amnistía fiscal impulsada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, declarada "inconstitucional".
"¿Montoro responderá con su patrimonio personal? ¿Los señores del Gobierno español responderán con su patrimonio personal por todo aquel dinero que se ha dejado de ingresar por culpa de una amnistía fiscal ilegal?", se ha preguntado. Por otro lado, Puigdemont ha garantizado que el 1 de octubre habrá urnas "seguro" para celebrar el referéndum sobre la independencia de Cataluña, aunque no ha dado pistas sobre cómo las adquirirá el Govern: "Hay muchos caminos para tener urnas". Según Puigdemont, "lo único que puede impedir" que haya referéndum es que "los catalanes no vayan a votar" y ha reiterado que el 1-O habrá urnas, y sobre los Mossos d'Esquadra, ha asegurado que son servidores públicos y han de garantizar la seguridad de la gente.
