PSOE y Podemos piden 3 años de cárcel por enriquecimiento ilícito de cargos para contrarrestar la rebaja de la malversación

Tanto PSOE como Podemos son los autores de la presentación de una enmienda a la proposición de ley de reforma del Código Penal por la que se introduce un nuevo tipo penal para castigar con hasta 3 años de cárcel a los cargos públicos cuyo patrimonio aumente en más de 250.000 euros sin que puedan justificarlo. Además de aplicarse penas de prisión, esta enmienda conllevará la inhabilitación por un periodo de entre dos y siete años y multas de hasta 3 veces lo enriquecido ilícitamente.

Esta enmienda llega con la reciente polémica por la rebaja del delito de malversación, que se intenta ahora contrarrestar con penas de entre 6 meses y 3 años de cárcel para los cargos públicos que cometan delitos de enriquecimientos público. El portavoz del PSOE, Patxi López, ha recalcado que con este cambio, España se situará entre los países más avanzados en esta materia, al igual que Francia, Portugal o Luxemburgo.

En definitiva, esta plantea que las autoridades públicas estén obligadas a justificar ese enriquecimiento durante cinco años tras dejar su responsabilidad, según ha indicado Patxi López. La propuesta llega como respuesta de los partidos del Ejecutivo a la reforma del delito de malversación impulsada por ERC, que tanto revuelo ha causado en los últimos días.

¿En qué consiste la reforma en malversación?

La enmienda de ERC a la reforma del Código Penal propone modificar el delito de malversación que afecta a autoridades y funcionarios para distinguir si esa apropiación indebida de bienes conlleva o no ánimo de lucro para la persona, de forma que fija penas más bajas para quienes no se beneficien personalmente del delito.

Esta proposión retocaría el artículo 432. ERC plantea condenas con horquillas de prisión de dos a ocho años para los casos más graves en los que exista "ánimo de lucro" y de seis meses a tres años para el cargo que "sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos particulares y ajenos a la función pública, el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas".

Además, la suspensión de empleo y cargo público será de uno a cuatro años, en tanto que el partido republicano eleva a diez años la inhabilitación en los casos más graves de malversación. ERC justifica su enmienda en la necesidad de volver en la tipología de este delito a la redacción anterior a la reforma de 1995 ejecutada por el PP, con el objetivo de que la malversación recoja las conductas de apropiación del patrimonio público con ánimo de lucro.