Política
Debate en el Congreso sobre las pensiones y el sueldo de los funcionarios, streaming en directo
Será el primer pleno de la nueva legislatura. Los partidos votarán los decretos-ley sobre la revalorización de las pensiones con el IPC y la subida salarial de los funcionarios.
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El Congreso de los Diputados vota este martes la convalidación o derogación de los reales decretos ley sobre la revalorización de las pensiones con el IPC y la subida salarial de los funcionarios.
Pensiones
El aumento de las pensionesse aprobó el 14 de enero en el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos. Este texto fija una revalorización de todas las pensiones un 0,9% en 2020, aplicando dicho incremento con efectos retroactivos desde el 1 de enero, con un coste anual de 1.406 millones de euros.
La subida de las pensiones repercute a más de 11,1 millones de benediciarios (9.801.016 pensiones contributivas, más de 655.000 de clases pasivas, 451.156 pensiones no contributivas y 195.000 hijos a cargo con discapacidad mayor o igual al 65%).
Funcionarios
La subida a los funcionarios beneficiará a alrededor de 2,5 millones de empleados públicos y se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Esta subida estaba pactada con los principales sindicatos de la función pública (CSIF, UGT y CCOO) en un acuerdo de 2018.
Medidas fiscales
En tercer lugar, el Pleno también tratará la convalidación o derogación de un real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de diciembre que, debido a la prórroga presupuestaria, recoge medidas en materia tributaria y catastral como la prórroga del Impuesto de Patrimonio y del sistema de módulos de los trabajadores autónomos así como la actualización de los índices catastrales.
Sobre el Impuesto de Patrimonio, el decreto prorroga para 2020 este tributo que fue restablecido en 2011 de forma temporal para mantenerlo en vigor dos años debido a la necesidad que entonces había de reforzar los ingresos públicos para asegurar la estabilidad de la economía.
Sin embargo, el impuesto, cuyo rendimiento está cedido a las comunidades autónomas, lleva prorrogándose anualmente desde 2013, argumentando que, debido a “las necesidades presupuestarias”, sigue siendo necesaria su vigencia para la consolidación fiscal.
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