La presunta fontanera del PSOE se niega a dar el pendrive con sus trabajos al Senado por "secreto profesional"

La presunta fontanera del PSOE, Leire Díez, ha contestado a la Mesa de la Comisión de Investigación del Senado alegando que no entregará sus supuestos trabajos de investigación por secreto profesional. "Me opongo a entregar copia alguna de mi trabajo periodístico en cuanto implica revelar fuentes, contenidos no publicados, materiales de trabajo, metadatos o soportes periodísticos", explica Díez en su escrito remitido a la Cámara Alta. A pesar de esta justificación, el pendrive donde se encuentra almacenada esta supuesta investigación sí lo entregó en la sede del partido socialista antes de solicitar su baja como militante del PSOE. Este trabajo ya está en poder la justicia y será clave en el futuro judicial de Leire Díez y sus socios, imputados en un juzgado de Madrid por varios presuntos delitos.

El día 5 comparecen ante el juez varios testigos

De hecho, la próxima semana el 'Caso Fontanera' da su pistoletazo de salida. El día 5 de noviembre están citados como testigos ante el juez Arturo Zamarriego los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa, que denunciaron supuestas coacciones por parte de Leire Díez para conseguir información sobre varios fiscales o causas judiciales que afectan al Gobierno, como la investigación contra la esposa del Presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

Ambos fiscales tendrán que explicar cómo se produjeron y desarrollaron las presuntas reuniones. Ese mismo día también está citado como testigo el agente Rubén Villalba, imputado en el Caso Koldo y a quién Leire Díez también pidió información sobre otros miembros de la UCO. El 11 de noviembre será el momento en el que declaren los imputados en el caso: Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo.

La fiscalía archiva la denuncia de Pérez Dolset contra el fiscal Stampa

En paralelo, la fiscalía de la Comunidad de Madrid ha archivado de plano la denuncia presentada por Javier Pérez Dolset contra el fiscal Ignacio Stampa. El empresario acusaba al fiscal de los delitos de denuncia falsa, revelación de secretos, ocultación de pruebas, omisión de perseguir delitos y cohecho pero el ministerio público considera que los hechos "no son constitutivos de delito" y argumenta que ya están sometidos a otro procedimiento judicial.

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