Podemos registra una propuesta de ley para que las empresas que se lleven su sede fuera de España devuelvan las ayudas

La polémica en cuanto al traslado de Ferrovial a Países Bajos continúa. De hecho, Podemos ha registrado este viernes en el Congreso una iniciativa para que las empresas que trasladen su sede devuelvan las ayudas públicas recibidas en los últimos 10 años. Aunque el PSOE aún no se ha pronunciado sobre la propuesta de su socio, es preciso recordar que la legislación europea permite estos cambios. Ha sido Pablo Echenique quien ha anunciado la formalización de esta iniciativa.

El cambio de sede de Ferrovial

Ante este cambio de sede de Ferrovial, Echenique ha insistido en que se deben "frenar" estos comportamientos, más aún cuando se trata de una empresa que ha percibido "un montón de subvenciones" de dinero público.

En la propuesta de legislación se detalla que las compañías que sigan los pasos de Ferrovial tengan que devolver los fondos públicos obtenidos en la última década, con intereses de demora y opina que se puede reclamar la entrega de esos importes con carácter retroactivo.

En la proposición de ley, a la que ha podido acceder Europa Press, se advierte de que la "deslocalización" de empresas a países con menores costes laborales fiscales o sociales es una "amenaza" para el sector industrial del país, más aún si han percibido ayudas estatales. De esta manera, lo que defiende el grupo es que su propuesta busca "fortalecer la responsabilidad del Estado como emprendedor y vertebrador" de la actividad económica mediante los recursos públicos, además de "garantizar la continuidad" y "permanencia" de las compañías que reciban estos fondos.

Considera una práctica de deslocalización a la que aspira a combatir su iniciativa el traslado de sede social o fiscal y plantea una modificación de la Ley que regula las subvenciones para incluir la práctica como motivo para reclamar la devolución del dinero en los diez años posteriores a la concesión de una ayuda pública o concesión.

El procedimiento para exigir el reintegro se iniciará de oficio por la administración. El plazo máximo para resolver el proceso es de un año, aunque se puede ampliar o suspender en casos excepcionales.