PENAS DEL 'PROCÉS'

Las penas que solicita Fiscalía y la Abogacía del Estado para los líderes del 'procés'

Fiscalía acusa a los líderes del proceso soberanista catalán de rebelión. Por su parte, la Abogacía del Estado sólo les acusa de sedición y malversación. En sus escritos de calificaciones provisionales solicita las siguientes penas:

ACUSADO DELITO PENA

ORIOL JUNQUERAS

Un delito de rebelión (promotores y/o jefes principales) y (distracción ilegal de caudales públicos). Fiscalía: 25 años de prisión y 25 años de inhabilitación absoluta. Abogacía: 12 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación.

JORDI SANCHEZ

Un delito de rebelión (promotores y/o jefes principales). Fiscalía: 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta. Abogacía: 8 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación.

JORDI CUIXART

Un delito de rebelión (promotores y/o jefes principales). Fiscalía: 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta. Abogacía: 8 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación.

CARMEN FORCADELL

Un delito de rebelión (promotores y/o jefes principales). Fiscalía: 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta. Abogacía: 10 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación.

JORDI TURULL

Un delito de rebelión (distracción ilegal de fondos públicos). Fiscalía: 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación absoluta. Abogacía: 11 años y 6 meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación.

RAUL ROMEVA

Un delito de rebelión (distracción ilegal de fondos públicos). Fiscalía: 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación absoluta. Abogacía: 11 años y 6 meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación.

JOSEP RULL

Un delito de rebelión (distracción ilegal de fondos públicos). Fiscalía: 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación absoluta. Abogacía: 11 años y 6 meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación.

DOLORS BASSA

Un delito de rebelión (distracción ilegal de fondos públicos). Fiscalía: 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación absoluta. Abogacía: 11 años y 6 meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación.

SANTIAGO VILA

Un delito de malversación de caudales públicos. Un delito continuado de desobediencia grave cometido por autoridad pública. Fiscalía: 7 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta y una multa de diez meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación para empleo o cargo público por un año y ocho meses. Abogacía: 7 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta.

JOSEP LLUIS TRAPERO

Un delito de rebelión (mandos subalternos). Fiscalía: 11 años de prisión y la de inhabilitación absoluta por 11 años.

Los exconsellers del Govern encarcelados

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Oriol Junqueras: para el líder de ERC, Fiscalía pide la pena más alta, 25 años de prisión y 25 de inhabilitación absoluta para cargo público. La Abogacía del Estado pide 12 años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta para el exvicepresidente por los delitos de sedición y malversación.

Jordi Sánchez: para el exlíder de ANC Fiscalía pide 17 años solo por rebelión, y otros 17 de inhabilitación absoluta. La Abogacía del Estado pide 8 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta por el delito de sedición.

Jordi Cuixart: para el presidente de Ómnium Cultural se piden 17 años de cárcel y otros 17 de inhabilitación absoluta. La Abogacía del Estado pide 8 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta por el delito de sedición.

Carme Forcadell: se pide la misma pena que para 'los Jordis', 17 años de prisión y otros 17 de inhabilitación absoluta. La Abogacía del Estado pide 10 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta por el delito de sedición.

Jordi Turull Negre: Fiscalía solicita para él 16 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta. La Abogacía del Estado pide 11 años y 6 meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta por los delitos de sedición y malversación.

Raül Romeva Rueda: Fiscalía solicita para él 16 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta. La Abogacía del Estado pide 11 años y 6 meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta por los delitos de sedición y malversación.

Joaquin Forn Chiarello: Fiscalía solicita para él 16 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta. La Abogacía del Estado pide 11 años y 6 meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta por los delitos de sedición y malversación.

Josep Rull Andreu: Fiscalía solicita para él 16 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta. La Abogacía del Estado pide 11 años y 6 meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta por los delitos de sedición y malversación.

Dolors Bassa Coll: Fiscalía solicita para ella 16 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta. La Abogacía del Estado pide 11 años y 6 meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta por los delitos de sedición y malversación.

Josep Lluís Trapero: La Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa de un delito de rebelión al mayor de los Mossos d'Esquadra y le pide una pena de 11 años de cárcel.

Carles Mundó Blanch: Por un delito de malversación de caudales públicos y un delito continuado de desobediencia, la Fiscalía solicita 7 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta y una multa de diez meses con una cuota diaria de 100 euros. La Abogacía del Estado pide 7 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, y multa de 10 meses (con una cuota diaria de 100 euros) e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses por un delito continuado de desobediencia grave.

Meritxell Borrás Solé: Por un delito de malversación de caudales públicos y un delito continuado de desobediencia, la Fiscalía solicita 7 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta y una multa de diez meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses. La Abogacía del Estado pide 7 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, y multa de 10 meses (con una cuota diaria de 100 euros) e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses por un delito continuado de desobediencia grave

Santiago Vila Vicente: Por un delito de malversación de caudales públicos y un delito continuado de desobediencia, la Fiscalía solicita 7 años de prisión y 16 de inhabilitación absoluta y una multa de diez meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses. La Abogacía del Estado pide 7 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta por el delito de malversación, y multa de 10 meses (con una cuota diaria de 100 euros) e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses por un delito continuado de desobediencia grave.

Mireia Boya Busquets: Por un delito continuado de desobediencia multa de diez meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses. La Abogacía del Estado solicita la misma pena.

Lluis María Corominas Díaz: Por un delito continuado de desobediencia multa de diez meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses. La Abogacía del Estado solicita la misma pena.

Lluis Guinó subirós: Por un delito continuado de desobediencia multa de diez meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses. La Abogacía del Estado solicita la misma pena.

Ana Simó Castelló: Por un delito continuado de desobediencia multa de diez meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses. La Abogacía del Estado solicita la misma pena.

Ramona Barrufet Santacana: Por un delito continuado de desobediencia multa de diez meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses. La Abogacía del Estado solicita la misma pena.

Josep Joan Nuet Pujals: Por un delito continuado de desobediencia multa de diez meses con una cuota diaria de 100 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un año y ocho meses. La Abogacía del Estado solicita la misma pena.

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