Tribunal Supremo

La jefa de prensa de la Fiscalía declara que la información ya estaba en los medios antes de la supuesta filtración

La jefa de comunicación de la Fiscalía asegura ante el Supremo que Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez difundieron sospechas de una "confabulación" contra Alberto González Amador.

González Amador

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La jefa de comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedo, ha declarado este martes ante el Tribunal Supremo que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, intentaron "sembrar una sombra de sospecha" sobre la institución.

Según su testimonio, ambos insinuaron que existía una "confabulación de poderes del Estado" para perjudicar a la pareja de la presidenta, Alberto González Amador.

Hedo relata que el 12 de marzo de 2024, tras la publicación de una denuncia de la Fiscalía en eldiario.es, Ayuso declaró ante los medios que su pareja estaba siendo víctima de una persecución. Más tarde, la presidenta publicó un mensaje en la red social X, en el que señalaba directamente a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

Al día siguiente, Ayuso volvió a insistir en la idea de una supuesta "conjunción de poderes" contra González Amador. Según Hedo, esa actitud generó "gran confusión en los medios" y un clima de desconfianza hacia la Fiscalía

La testigo también explica que esa misma tarde un periodista le advirtió de que Miguel Ángel Rodríguez estaba enviando mensajes a reporteros, insinuando que la Fiscalía había frenado un pacto con González Amador por órdenes superiores.

Hedo alertó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien decidió difundir una nota oficial para dejar claro que la actuación de la Fiscalía de Madrid "había sido impecable". La jefa de comunicación concluye que la información sensible sobre el caso "estaba en el mercado" antes de la supuesta filtración investigada, al haberse publicado correos entre el abogado de González Amador y la Fiscalía.

Declaran Alberto Gonzáles Amador y Miguel Ángel Rodríguez

Este martes, en el Tribunal Supremo declaran el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.

Todos los focos se centran en ambas declaraciones. En este juicio, García Ortiz afronta peticiones de entre 4 y 6 años de cárcel por la presunta filtración de un correo en el que el abogado de González Amador reconocía en su nombre dos delitos contra Hacienda en busca de un pacto con el fiscal que le investigaba que le fuera favorable. González Amador continúa procesado por ese presunto fraude de 350.951 euros a Hacienda e investigado por corrupción en los negocios.

El novio de Ayuso explicó ante el juez instructor que, entre pelear judicialmente o buscar una conformidad, pidió a su abogado que hiciese lo que fuese "más rápido y sin ruido" para que pasase "lo más desapercibido posible".

Miguel Ángel Rodríguez

Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez admitió al juez que envió un mensaje a periodistas en el que atribuía la iniciativa del pacto a Fiscalía y decía que lo había retirado por "órdenes de arriba". Es algo que, dijo, no fue "información", sino una suposición que pudo "intuir, colegir, adivinar" porque tiene el "pelo blanco".

El de Rodríguez es un papel que está generando notable polémica en el juicio, toda vez que la Fiscalía y la Abogacía del Estado le atribuye haber filtrado la información falsa que perjudicaba la imagen del Ministerio Público y de la que se hicieron eco algunos medios.

Su testimonio se conocerá durante la tarde. Durante la mañana, están previstos los testimonios de los jefes de prensa de la Fiscalía General del Estado y la de Madrid y a dos fiscales. Son Esmeralda Rasillo, fiscal de Sala Jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General, y el fiscal Diego Lucas, que investigó a González Amador tras la salida del caso del fiscal Julián Salto.

La lista de testigos de la segunda jornada del juicio la completan el ex secretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés y el abogado Carlos Neira, autor del correo clave cuya presunta filtración centra el juicio.

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