Abolición de la prostitución
Más de 175 organizaciones feministas protestan en Madrid para pedir que se apruebe una ley para abolir toda la prostitución
Varias organizaciones se han manifestado para exigir la aprobación de una ley contra la prostitución. Piden medidas para proteger a las mujeres que ejercen la prostitución y reformas legales para castigar el proxenetismo
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Más de 175 organizaciones feministas han salido este sábado a la calle en Madrid para pedir que la Ley Orgánica de Abolición del Sistema Prostitucional (LOASP) sea "aprobado de forma urgente por el Congreso". Este texto recoge la penalización a los "proxenetas y puteros", medidas de prevención, detección y reparación de víctimas y la declaración de violencia contra la mujer de todas las formas de agresión a la libertad sexual, como "la prostitución, la pornografía y otras formas de explotación sexual, las amenazas las coacciones o la privación arbitraria de libertad".
La portavoz de la Plataforma, Rosario Carracedo, ha explicado que el movimiento feminista lleva luchando años por esta norma. En marzo de 2020 decidieron enviar una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar del texto, aunque este les remitió al Ministerio de Igualdad, con el que se encontraron en diciembre de dicho año y al que le entregaron el texto. Irene Montero les aseguró, según ha indicado la portavoz de la Plataforma, que tras leer el texto se pondrían en contacto con ellas para estudiar su contenido y las posibilidades. Algo que, según ha apuntado Carracedo, no ha ocurrido.
Esta semana el PSOE presentó una proposición de ley que busca perseguir el proxenetismo en todas sus formas y sancionar a los hombres que acudan a la prostitución. La propuesta que ha registrado el partido plantea modificar el artículo 187 del Código Penal para prohibir el proxenetismo. El PSOE pretende castigar toda clase de prostitución.
El texto recoge multas de entre 12 y 24 meses y penas de prisión de entre 1y 3 años. También multas de 24 y 48 meses en el caso de que la persona prostituida sea menor de edad o se encuentre en situación de vulnerabilidad. El artículo 50 del Código Civil contempla que la multa puede ir desde los 10 días a los dos años. El importe de la multa va desde los dos euros diarios hasta los 400, según determine el juez.
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