Bélgica: La Fiscalía de Bruselas confirmó la recepción de la euroorden cursada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los tres exconsellers catalanes huidos como él en Bélgica.

La Fiscalía ha indicado que no podía confirmar aún si Puigdemont se encontraba en Bélgica, pero que tenía previsto enviar un comunicado con más detalles al respecto en las próximas horas.

El abogado belga de Puigdemont, Paul Bekaert, dijo este sábado que no ha visto el nuevo mandato de arresto emitido por el juez del Tribunal Supremo contra su cliente. "Tampoco he recibido documentos de parte de mi colega español sobre que vaya a ser parte de esa orden", añadió el letrado, que opinó que la emisión de una nueva euroorden sería "abusiva e ilegal".

El político independentista habría llegado a Bruselas procedente de Helsinki, adonde se traslado esta semana para participar en varios eventos relacionados con el proceso separatista catalán. En la capital finlandesa, su anfitrión, el diputado Mikko Kärnä, informó de que el catalán abandonó el país nórdico en dirección a Bélgica y que Puigdemont salió de Finlandia "por medios desconocidos".

Puigdemont es prófugo de la justicia española desde finales de octubre de 2017, cuando se fugó a Bélgica junto a los exconsellers Antoni Comín (Bélgica), Meritxell Serret (Bélgica), Lluís Puig (Bélgica) y Clara Ponsatí, quien después huyó a Escocia (Reino Unido).

Suiza: Otra de las huidas, la líder de la CUP Anna Gabriel, se fue a Suiza donde parece ser que también está Marta Rovira. Llarena no emitió una orden de detención internacional sobre Anna Gabriel ya que no está acusada de delitos tan graves como el resto de dirigentes. Sí lo hizo sobre Rovira que este viernes estaba citada en Madrid y no se presentó anunciando por carta su huida. En la misiva no especificaba cuál sería su destino, pero se cree que está en el país helvético.

El Gobierno suizo reiteró que la Confederación Helvética no concede la extradición por "delitos políticos", pero recalcó que una orden internacional para detener a Marta Rovira sería analizada en "profundidad".

"Como en el caso Gabriel, también se aplica a todos los demás políticos catalanes que vienen a Suiza el principio de que este país, al igual que la mayoría de los demás Estados, no concede ninguna extradición por delitos políticos", señaló el portavoz del Departamento Federal de Justicia, Folco Galli.

El portavoz no pudo confirmar que Suiza ha recibido la orden internacional de detención dictada el viernes por el juez del Tribunal Supremo contra Rovira, a la que atribuye un papel "esencial" en la coordinación del "procés" independentista catalán y a la que procesa por presunta rebelión.

"Puesto que las órdenes internacionales de detención son confidenciales y están sujetas al secreto profesional, el Departamento de Justicia no puede confirmar la recepción de una eventual solicitud" por parte de España, señaló Galli.

En cualquier caso, dijo el portavoz, el Departamento de Justicia suizo "tendría que analizar en profundidad la motivación de una eventual solicitud internacional de detención y aclarar sobre todo si las actuaciones de las que se les acusa a las personas afectadas constituyen delitos políticos".

El Gobierno suizo ya había dejado claro en las últimas semanas que no extradita a personas por presuntos "delitos políticos", aun cuando el delito del que se les acusa existiera en el Código Penal. Lo hizo con respecto a la exdirigente de la CUP Anna Gabriel, quien huyó el mes pasado de la Justicia española a Ginebra y para la que la Fiscalía había pedido una orden internacional de detención. El juez Llarena no la dictó finalmente, sino que se limitó a una orden de detención nacional.

En Suiza son considerados delitos políticos únicamente los crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra y actos especialmente reprobables, como un secuestro de un avión o la toma de rehenes.

Lo único comparable con el delito de rebelión del que se acusa a Rovira en el Código Penal suizo es el artículo 265 sobre crímenes o delitos contra el Estado y de alta traición, que establece "una pena privativa de al menos un año" para aquel que cometa actos tendentes "a modificar por la violencia la Constitución helvética o la Constitución de un cantón". Lo mismo se aplica para quienes "derroquen por la violencia a las autoridades políticas instituidas por la Constitución o les impida mediante la violencia ejercer su poder" o "separen con violencia una parte del territorio suizo de la Confederación Helvética o una parte del territorio cantonal de un cantón".

Reino Unido: La orden de detención contra Clara Ponsatí debería haber llegado ya a Escocia, la exconsejera huyó a primero a Bélgica y después a Escocia.

Tras cerca de cuatro meses en Bélgica junto al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, Ponsatí anunció a través de Twitter que dejaba este país y se trasladaba al Reino Unido para reincorporarse a la universidad escocesa donde ejercía como profesora.

Una semana antes de conocer el procesamiento dictado por Llarena, la exconsejera afirmó en una entrevista con The National que si la declarasen "culpable de los delitos" que presuntamente se le atribuyen "podría ser enviada a prisión hasta 30 años por sedición y rebelión".

"Sus acusaciones son que somos como terroristas y, mientras tanto, tienen detenidas a cuatro personas inocentes que no han sido enjuiciadas y reciben un trato peor que el que se da a los terroristas", argumentó. Añadió que se les persigue "por crímenes imaginarios" al afirmar que "hubo una rebelión con violencia", pero negó que fuese así y destacó que "la única violencia" se dio "del lado de la policía española".