Es la última baza de la familia Franco, el recurso que ha presentado en el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Gobierno que hace 20 días ordenaba exhumar los restos de Franco. Los nietos del dictador piden al Supremo que paralice cautelarmente la posible exhumación hasta que decida sobre el fondo del asunto, sobre si el Gobierno puede exhumar esos restos. Otro juez mantiene suspendida la licencia de obras para abrir la tumba.

La familia Franco presiona en los tribunales. Y el Gobierno presiona a los Franco. El 4 de julio pasado el BOE publicaba la transmisión del ducado de Franco a una de las nietas, Carmen Martínez-Bordiú, tras la muerte de su madre. La orden la firmó el anterior ministro de Justicia un día antes del cambio de gobierno. Ocho meses después la actual ministra aún no ha tramitado el documento necesario. Carmen Martínez-Bordiú sigue sin ser duquesa de Franco.

Junto a estas presiones el Gobierno ha mantenido tres contactos con representantes de los Franco. En el último, hace dos semanas, el secretario general de Presidencia del Gobierno ofreció al abogado de los Franco una misa de despedida en el Valle de los Caídos y mejoras en el panteón del cementerio de El Pardo si aceptaban llevar ahí los restos de su abuelo. Los nietos dijeron, otra vez, que no.