La Junta Electoral Central (JEC) ha citado a las doce del mediodía de este lunes a los 54 eurodiputados elegidos en las elecciones del pasado 26 de mayo para proceder al acto de promesa o juramento de la Constitución, un trámite imprescindible para poder recoger sus actas.
A la cita están convocados 20 eurodiputados electos del PSOE, 12 del PP, siete de Ciudadanos, seis de Unidas Podemos, tres de Vox, tres de la coalición Ahora Repúblicas que formaron ERC, EH Bildu y BNG, dos de Junts y uno de la Coalición por una Europa Solidaria (CEUS) que suscribieron PNV y CC.
Entre los convocados hay dos prófugos de la Justicia, el expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconsejero Toni Comin, así como el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que esta en prisión preventiva a la espera de la sentencia por el juicio del proceso independentista en Cataluña.
Sin embargo, Junqueras no podrá hacer este trámite, al menos este lunes, porque el Tribunal Supremo no le ha dado permiso para salir de la cárcel de Soto del Real y desplazarse al Congreso, donde tiene su sede la JEC, para actar la Constitución.
De su lado tanto el abogado Gonzalo Boye, representante legal de Carles Puigdemont y de Toni Comín, como la coalición Lliures per Europa (Junts) intentaron que la JEC enviara a los fugados el acta de proclamación de los electos al Parlamento Europeo, con copia certificada, para poder entrar en la Cámara de Estraburgo.
Sin embargo, la JEC negó la petición a los dos independentistas y les recordó que "la credencial se expide una vez que el candidato electo ha prestado juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, conforme establece el artículo 224.2 de la LOREG". "
La Junta Electoral Central comunicará al Parlamento Europeo la relación de diputados electos que hayan cumplido el requisito de prestación de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, y lo hará en el momento en que se produzca dicho acatamiento", concretó en una resolución aprobada el pasado jueves.
La ceremonia convocada por la Junta Electoral Central será un acto público en el que los electos presentes tendrán que jurar o prometer la Carta Magna, pero el organismo arbitral ya ha dejado claro que no les valdrá cualquier fórmula de acatamiento.
