Ley de amnistía

Ley de amnistía: qué pasará si se aprueba con Puigdemont imputado

A unas horas de que expire el plazo para que Junts y el PSOE lleguen a un acuerdo sobre la ley de Amnistía, la decisión del Supremo de investigar a Puigdemont por terrorismo complica aún más la ley clave para el futuro de la legislatura. Los posibles escenarios antes de la fecha límite del jueves 7 de marzo. Pedro Sánchez ya ha confirmado algunos cambios en el texto de la ley que se llevará al pleno para su aprobación el 14 de marzo.

La decisión del Tribunal Supremo de abrir causa a Carles Puigdemont por un posible delito de terrorismo a raíz del papel de "liderazgo absoluto" del exvicepresident de la Generalitat en los actos violentos llevados a cabo por Tsunami Democratic en el aeropuerto de El Prat complican aún más la negociación entre el PSOE y Junts para sacar adelante la Ley de Amnistía. Socialistas e independentistas tienen de plazo hasta el próximo 7 de marzo para cerrar un acuerdo sobre la norma y que el pleno del Congreso pueda debatir y votar un nuevo dictamen.

La cuenta atrás ya está en marcha y sin ley de amnistía existe la posibilidad de que la legislatura encalle. Todo está supeditado a una norma que Junts quiere que blinde también los delitos de terrorismo, justo el punto al que afecta la causa abierta por el Supremo contra Carles Puigdemont. El Gobierno está confiado en logra llegar a un acuerdo con Junts, aunque Antena 3 Noticias puede confirmar que los letrados del Congreso están estudiando la legalidad de una nueva prórroga de los plazos. Es una opción que el Ejecutivo no descarta si la negociación con Junts se tuerce de aquí al próximo jueves 7 de marzo.

El Gobierno y sus socios, optimistas ante un posible acuerdo con Junts

Desde el Gobierno confían en alcanzar un acuerdo antes del límite del próximo jueves y María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha confirmado que las negociaciones siguen en el terreno de la "discreción" para trabajar en un acuerdo, que espera que sea "previo" a la fecha límite del 7 de marzo que tiene la Comisión de Justicia para votar un nuevo dictamen a la ley.

Los socios del Gobierno también han comenzado a cambiar el discurso y se muestran más optimistas de cara a un acuerdo para un nuevo texto de la ley de Amnistía. El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha reconocido que tiene razones para ser optimista sobre la posibilidad de que haya finalmente un acuerdo con Junts.

"Creemos que va a salir adelante. Creemos que, sobre todo nadie puede responder a la pregunta de cuál es la alternativa a la amnistía en términos democráticos, de estabilidad política y de entendimiento entre Cataluña y España", ha explicado Errejón.

Desde Junts han querido desvincular la decisión del Supremo de investigar a Puigdemont por terrorismo con la negociación de la ley de amnistía, pero está claro que el futuro del expresidente de la Generalitat afecta al posible acuerdo sobre la norma.

El futuro de Puigdemont, entre la ley de amnistía, las elecciones europeas y una nueva citación judicial

La jueza Susana Polo, encargada de impulsar la investigación y dar los primeros pasos, debe citar a Puigdemont para que declare "en calidad de investigado" y así "avanzar en la tramitación de la causa". En primer lugar debe citarle de forma voluntaria, pero si el expresidente catalán se niega a acudir a la citación, la magistrada se vería obligada a solicitar un suplicatorio a la Eurocámara debido a la condición de eurodiputado y la inmunidad parlamentaria de la que goza Puigdemont.

Si Puigdemont siguiera en rebeldía se podría emitir una orden nacional e internacional de detención y entrega, pero activarla dependería de los tribunales de Bélgica. Además, el futuro de Carles Puigdemont depende de forma paralela de las elecciones europeas del 9 de junio y de la ley de amnistía, que a día de hoy negocian Junts y el PSOE.

Carles Puigdemont puede concurrir a los comicios europeos siempre que no esté procesado por terrorismo y el resultado de esas elecciones puede condicionar la causa judicial contra el expresident de la Generalitat. Si Pugidemont no logra escaño en el parlamento europeo, caería su blindaje parlamentario y la justicia española podrá solicitar su entrega, aunque ahí volvería a entrar en juego la decisión de un tribunal belga.

Además, la ley de amnistía es el otro factor del que depende el futuro de Puigdemont. La norma actual, rechazada por Junts en el Congreso, no blinda a Puigdemont ante la nueva causa abierta por el Tribunal Supremo. Solo un cambio en la norma, incluyendo delitos de terrorismo, podría blindar al expresident, pero el PSOE sabe que la norma podría entrar entonces en confrontación con el Tribunal Constitucional y con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

¿Qué establece el Supremo en la causa contra Puigdemont y Wagensberg?

El Tribunal Supremo acordó este jueves por unanimidad investigar al expresident catalán Carles Puigdemont al considerar que ejercía un "liderazgo absoluto" en la organización Tsunami Democràtic y no albergar dudas de que los hechos encajan en un delito de terrorismo, una tesis que choca con el criterio de la Fiscalía.

El auto del Tribunal Supremo relata con detalle cómo se produjo el asalto al aeropuerto de El Prat en octubre de 2019, después de la sentencia del proceso independentista. Los jueces de la sala segunda del Supremo consideran que estos hechos pueden constituir un delito de terrorismo. Los magistrados abren causa penal contra Puigdemont y el diputado del Parlament Rubén Wagensberg y aclaran que serán citados por "a fin de ser oídos como investigados".

El Supremo aclara que los hechos encajan en el delito de terrorismo callejero derivado de la comisión de un delito grave contra la integridad física o moral, o bien contra la libertad, entre otros bienes jurídicos, llevado a cabo para alterar gravemente la paz pública, o para obligar a los poderes públicos a realizar determinada actuación. Y aquí "se han cometido por los integrantes del movimiento Tsunami los delitos graves contra la libertad, integridad física, de atentados, falsedades documentales, el patrimonio y otros".

Además, el Tribunal Supremo recuerda al Gobierno y sus socios que "la afirmación" de que "solo las acciones de ETA o de la Yihad merecen ser tratados como terrorismo, es incompatible con la definición que del terrorismo" recoge el Código Penal.