La Fiscalía de Barcelona pide al juez del 1-O que se amplíen los delitos a 28 investigados por los preparativos del referéndum y se les incluya el delito de organización criminal. Entre estos investigados hay varios ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont y la cúpula de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).

Los delitos por los que se les juzga son los de malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos.

Lo que plantea la Fiscalía es acusar de organización criminal a varios ex altos cargos del Govern procesados. Esto afectaría al secretario de Difusión, Antoni Molons; secretario general de Presidencia, Joaquim Nin; director general de Comunicación, Jaume Clotet; secretario de Trabajo, Josep Ginesta; director general de Patrimonio, Franscesc Sutrias; y al secretario general de Relaciones Internacionales y Exterior, Aleix Villatoro.

Este delito está penado con hasta ocho años de prisión. También afectaría a la presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach; al director de Márketing de la Corporación, Martí Patxot y a los directores de TV3, Vicent Sanchis, y de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ambos fueron procesados por desobediencia.

"Conjunta y coordinada" ha sido la conducta de los procesados por organizar el referéndum, según la Fiscalía que defiende que los 28 investigados concurren los requisitos de jerarquía, reparto de papeles y vocación de estabilidad o permanencia en el tiempo que exige el delito de organización criminal. "La participación del presidente de la Generalitat" hace que los fiscales consideren que hubo una jerarquía.

El juez también ha pedido que se averigüe el patrimonio de los 17 procesados por malversación, después de que una vez terminado el plazo para pagar la fianza de 5,8 millones de euros han consignado en el juzgado 3,7 millones recaudados a través de la caja de solidaridad.