Caso Villarejo
El juez propone juzgar a José Manuel Villarejo por el espionaje de la herencia del fundador de 'La Finca'
El juez ha iniciado los trámites para un segundo juicio contra el excomisario José Villarejo en una pieza desglosada del caso Tándem.
- El juez considera que hay indicios suficientes para juzgar a Villarejo y a seis personas más
- Según se indica en el escrito, se investigó la vida privada de personas que nada tenían que ver con la marcha de la empresa
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El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, ha acordado pasar a procedimiento abreviado la pieza número 3 'Proyecto Land', desglosada de la investigación abierta al ex comisario José Manuel Villarejo.
El juez de la Audiencia Nacional considera que hay indicios suficientes para juzgar a Villarejo, a su esposa, a su socio Rafael Redondo, al excomisario Enrique García Castaño y a otras tres personas más, además de a las mercantiles 'La Finca Global Assets sl', 'La Finca Somosaguas Golf sl' y 'La Finca Promociones y Conciertos Inmobiliarios' por un delito continuado de cohecho, múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos, y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Según explica el juez en el auto, en esta pieza del conocido también como caso Villarejo se han investigado las actuaciones del excomisario en torno a la promotora Procisa. Dos de los
investigados, Francisco Peñalver y Susana García Cereceda, promotores de la urbanización La Finca, y su responsable de seguridad, David Fernández, contrataron los servicios del entonces comisario en activo para recabar información sobre en qué situación había quedado la promotora Procisa a la muerte de su presidente, a fin de reclamar una herencia y averiguar también datos.
Esos servicios, según relata el juez en su escrito, excedían de un encargo sobre la rentabilidad de la propia empresa, puesto que se investigó la vida privada de personas que nada tenían que ver con la marcha de la empresa.
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Jose Manuel Villarejo y Rafael Redondo ofertaron a sus clientes un servicio para solventar una "situación de crisis" que incluía, según detalla el escrito del juez, "la obtención de forma ilegal, de informaciones y datos de carácter reservado- tráfico de llamadas, movimientos bancarios, información tributaria y de seguridad social, etc".
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