El titular del Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid, José María Escribano, ha decidido imputar al tesorero de Podemos, Daniel de Frutos, y a la gerente de la formación 'morada', Rocío Esther Val, en el denominado 'caso niñera', en el que se investiga si la ministra de Igualdad, Irene Montero, uso a una empleada de Podemos -ahora asesora del Ministerio- como cuidadora de su hija durante la campaña electoral de 2019.
En el auto judicial, recogido por Europa Press, el juez ha acordado oír en declaración en concepto de investigados a De Frutos y Val el próximo 19 de julio a las 10.00 horas en los juzgados de Plaza de Castilla.
La decisión del juez llega después de que la Fiscalía pidiera que se citase a ambos trabajadores de Podemos en calidad de investigados, "dado que tanto en el caso del delito electoral (por gastos en beneficio propio abonado con dinero electoral) como en el de administración desleal" los dos fueron los que "ordenaron el pago" y, por tanto, "en su garantía deben ser oídos como investigados".
La misma Fiscalía se opuso a la imputación del ex líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, al no ver delito alguno en su conducta.
Delito de administración desleal
El titular del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid abrió el pasado mes de abril diligencias previas por un presunto delito de administración desleal contra la ministra Irene Montero y Teresa Arévalo, asesora de su equipo, para determinar si esta trabajadora desempañaba funciones como cuidadora de su hija menor pagada con fondos públicos.
El magistrado inicio investigación sobre estos hechos, denunciados por la exabogada de Podemos Mónica Carmona, y citó a declarar para el 14 de julio en calidad de investigada a la exdiputada Teresa Arévalo, asesora de la titular de Igualdad.
Según la resolución, el magistrado abrió diligencias previas "por el presunto delito de administración desleal" contra Irene Montero y Teresa Arévalo al entender que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
Pese a que la ministra tiene condición de aforada y, por tanto, el órgano competente para investigarla sería el Tribunal Supremo, el juez acordó librar oficio a la Comisaría del Congreso de los Diputados para que le notifique la apertura de este procedimiento "a los efectos legales oportunos".
