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Unidas Podemos

El juez imputa a Carlos García Ramos, administrador de Podemos, por financiación ilegal a través de la consultora Neurona

El juez Juan José Escalonilla ha citado a declarar como imputado al administrador de Unidas Podemos al considerar que los pagos del partido a la empresa no eran un gasto electoral.

El juzgado de instrucción número 42 de Madrid ha citado a declarar en calidad de imputado a Carlos García Ramos, uno de los dos administradores de Unidas Podemos, por los contratos suscritos a la consultora Neurona, con motivo de las elecciones generales del 28 de abril de 2019.

El juez Juan José Escalonilla le ha citado para que declare el próximo 13 de noviembre a las 12.30 horas por un presunto delito electoral, según el auto judicial. El magistrado ha señalado que "existen indicios racionales acreditativos de que los pagos efectuados a la sociedad mercantil Neurona Comunidad S.L., constituida mediante escritura pública en fecha 19 de marzo de 2019, (... ) no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado con ocasión de las elecciones generales del 28 de abril de 2019 y calificable como gasto electoral".

El contrato entre Podemos y Neurona, formalizado el 6 de mayo de ese año pero cuyo borrador data del 25 de febrero, fue por valor de 363.000 euros que se pagaron con tres transferencias desde una de las cuentas cuya titularidad pertenecía a la coalición electoral y que gestionaba García Ramos de forma mancomunada con otro administrador, Daniel de Frutos Ramírez.

"Dichos hechos resultan expositivos de una distracción de dinero proveniente en dicha cuenta electoral presuntamente constitutiva de un delito electoral tipificado en el artículo 150 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, (...) que solo puede ser cometido por los administradores generales y de las candidaturas, así como por las personas autorizadas a disponer de las cuentas electorales", señala el juez Escalonilla.

Por todo ello, ha considerado que procede tomar declaración a García Ramos en calidad de investigado. Tal decisión se puede impugnar mediante recurso de reforma en el plazo de tres días y recurso de apelación en cinco días.