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José Manuel Villarejo

El juez García Castellón acuerda la libertad provisional para el excomisario José Manuel Villarejo

El excomisario José Manuel Villarejo se encontraba en prisión preventiva. El juez García Castellón ha dictado su libertad provisional.

Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha dictaminado hoy la libertad provisional para el excomisario José Manuel Villarejo al llevar ya casi cuatro años en prisión preventiva sin que se haya celebrado el primer juicio por la Operación Tándem.

García Castellón ha decidido retirar el pasaporte a Villarejo y ha dictaminado la prohibición de salir de España, además de la obligación de comparecer diariamente en el juzgado.

La Fiscalía Anticorrupción ya había solicitado la libertad provisional para Villarejo al no haberse fijado aún la fecha para el inicio del juicio por la Operación Tándem, que no está previsto comience antes del mes de noviembre, fecha en la que se cumplen los cuatro años de prisión preventiva, el máximo fijado por la ley.

Lo que dice la Fiscalía

El escrito presentado por la Fiscalía ha solicitado al Juzgado Central que modifique la situación personal del investigado José Manuel Villarejo y se acuerde "su libertad provisional".

La Fiscalía Anticorrupción recuerda que Villarejo sigue investigado y que el Juzgado "ha desestimado en numerosas ocasiones las sucesivas peticiones de libertad en atención a las circunstancias que evidenciaban un elevado riego de fuga y un indudable riesgo de reiteración delictiva".

Medidas cautelares

El juez ha impuesto al comisario las medidas cautelares que pedía para él la Fiscalía Anticorrupción. Villarejo tendrá que comparecer diariamente en el juzgado más próximo a su domicilio, tiene prohibida la salida del territorio nacional y se le retira el pasaporte, "con requerimiento expreso de prohibición de obtener uno nuevo", y la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio.

El magistrado señala también que se han asegurado las responsabilidades civiles posibles del investigado disminuyendo el riesgo de ocultación de activos, y con ello la posibilidad de que puedan acordarse medidas menos gravosas e igualmente efectivas para garantizar su presencia en el proceso, atenuando los indicadores de riesgo de fuga y reiteración delictiva que señalaba el fiscal.

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