CASO IMELSA
El juez fija una fianza de 150.000 euros para la exconcejal valenciana María José Alcón
El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha impuesto una fianza de 150.000 euros a la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón además del embargo de bienes como medida cautelar. Alcón fue la primera detenida por el supuesto amaño de contratos en administraciones públicas de la Comunidad Valenciana. Además este miércoles los otros 23 detenidos pasarán a disposición judicial.
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El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el caso Imelsa, ha fijado una fianza de 150.000 euros a la exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia María José Alcón, y ha acordado el embargo de bienes como medida cautelar.
Alcón, quien fue la primera detenida en declarar ante el juzgado que investiga el supuesto amaño de contratos en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, pasó a disposición judicial pasadas las 22:30 horas del martes y salió del juzgado a las doce de la noche en libertad bajo fianza.
La ex concejal del Ayuntamiento de Valencia quedó imputada en las diligencias abiertas por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
El Juzgado de instrucción 18 tiene previsto empezar a tomar declaración a cinco personas investigadas que no fueron arrestadas, entre las que figuran el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, y una trabajadora del grupo municipal del PP en el Consistorio. Ambos están citados a declarar por figurar como autorizados para disponer de las cuentas del partido, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
En las próximas horas, los otros 23 detenidos en esta causa, en la que hay 29 investigados, serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia. Las detenciones se produjeron en el marco de una operación desarrollada contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
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La operación, llevada a cabo en colaboración con la delegación en Valencia de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como Policía Judicial, se saldó con 24 detenciones en las tres provincias, mientras que hay cinco investigados que no fueron detenidos pero que sí han sido citados para declarar ante el juez.
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