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TRAS SU REUNIÓN CON DOLORES DELGADO

Las asociaciones cifran el seguimiento de la huelga en el 61% de los jueces y el 39% de fiscales

Es la primera vez que se les va a descontar un día de sueldo a los que secunden estos paros. La mayor parte del colectivo judicial lo acepta porque así, dicen, se reconoce el derecho de huelga que no tienen regulado.

Jueces y fiscales celebran este lunes la segunda huelga general en un año para volver a reclamar al Ministerio de Justicia unas mejoras salariales y profesionales, mayor independencia judicial y más autonomía del Ministerio Público. Una convocatoria que tiene lugar después de que las asociaciones se reuniesen con la ministra Dolores Delgado y ésta no le ofreciese "nada concreto".

El 60,9% de los jueces y el 38,88% de los fiscales han secundado el paro, según las organizaciones convocantes, que consideran que las cifras, algo inferiores a las del paro de mayo, suponen un "éxito" y un "buen punto de partida" para iniciar negociaciones con el Ministerio de Justicia.

Según las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales, hasta las 17.00 horas han comunicado su adhesión al paro 3.234 jueces y magistrados y 973 fiscales. En la huelga de mayo participaron, también según las asociaciones, 3.537 jueces (el 65 %) y 1.297 fiscales (52 %).

"A la espera de que las cifra puedan variar al alza, podemos afirmar, sin ningún género de dudas, que la huelga ha sido un éxito de convocatoria y que el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberían buscar soluciones a las razonables peticiones de los dos colectivos profesionales a los que representamos", subrayan en un comunicado conjunto.

A su juicio, pese a las "advertencias" del equipo ministerial que dirige Dolores Delgado, las cifras del paro son "un buen punto de partida para iniciar negociaciones" sobre sus reivindicaciones, que incluyen peticiones para aumentar la independencia del CGPJ y la autonomía del Ministerio Fiscal, más inversiones y mejoras salariales.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Independiente Judicial (FIJ), Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) -a la que se encuentran adscritas la actual ministra de Justicia y la fiscal general del Estado, María José Segarra- y Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) convocaron el pasado 22 de mayo la segunda huelga de estos colectivos en España, que resultó ser la primera que hicieron de forma conjunta. Las reivindicaciones que entonces se llevaron ante el Ministerio dirigido por el 'popular' Rafael Catalá son bien conocidas por Delgado, ya que participó en ella.

No obstante, según destacaron varias asociaciones tras una reunión que mantuvieron con Delgado, ésta les confesó que no compartía la huelga y que las negociaciones sobre las reivindicaciones de los miembros de las carrera judicial y fiscal se podían ver afectadas. Unas "advertencias" que han sido rechazadas por cinco de las asociaciones, en un comunicado dado a conocer este viernes, al considerar que es una técnica que "recuerda épocas ya superadas" y que tiene el objetivo de "amilanar" para evitar la convocatoria.

Entre las reclamaciones, los jueces vuelven a exigir el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y la mejora de las condiciones profesionales. Por su parte las asociaciones de fiscales pedían la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria."

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