Los jueces arremeten contra el Gobierno por poner en duda su independencia: "Nos quitan legitimidad"

Las asociaciones de jueces han salido al paso de los recientes comentarios del Gobierno criticando la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegal el estado de alarma aplicado durante la primera ola del coronavirus.

Critican, sobre todo, las palabras de la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, que -aseguran- "ponen en duda la legitimidad del Poder Judicial". Llop dijo, entre otras cosas, que el Ejecutivo respetaba la sentencia, pero no la compartía.

Su declaración ha sido una de las muchas que, en el mismo tono, han emitido a lo largo de los últimos días varios miembros del Gobierno.

"Este comportamiento es muy peligroso, sobre todo teniendo en cuenta que los Tribunales tienen por finalidad poner un límite al poder del Gobierno para garantizar los derechos de los ciudadanos. Parece que al Gobierno no le gustan esos límites", subraya Jorge Fernández Vaquero, magistrado y portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV).

Las razones del TC

La sentencia, que se aprobó con una ajustada mayoría de seis votos contra cinco, argumenta que las restricciones aplicadas no estaban consideradas en la figura jurídica el estado de alarma, y que se correspondían más al estado de excepción.

En el auto de detalla que la restricción de derechos fue "de altísima intensidad" y supuso en la práctica una "suspensión" o "vaciamiento" de los mismos y no una "limitación", que es lo que permite el marco jurídico del estado de alarma.

En su fallo, los jueces apuntan además que el problema de la pandemia, en un primer momento sanitario, derivó -dadas sus consecuencias- en un problema de orden público que favorecía la aplicación del mentado estado de excepción.

Multas

Las consecuencias de declarar ilegal el confinamiento de la primera ola del coronavirus son varias. En primer lugar, aquellas personas sancionadas durante el estado de alarma por haberlo violado y que todavía no hayan pagado las multas, no tendrán que hacerlo. Los que sí lo hicieron, contarán con base legal para reclamar el dinero.

La sentencia, sin embargo, rechaza partes del recurso, como la que también consideraba inconstitucional la limitación de la actividad económica que obligó al cierre de negocios. De haberse estimado ese punto, se hubiera abierto la puerta a reclamaciones económicas de negocios y empresas al Estado

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