El exdirector de la Policía y expresidente de Les Corts, Juan Cotino

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el cuartel de la Guardia Civil de Patraix

Juan Cotino se acoge a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil

Cotino, que llegó a las dependencias de la Guardia Civil a las 10.52 horas, prefiere guardar silencio hasta conocer el sumario, actualmente declarado secreto.

El ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts, Juan Cotino, se ha acogido a su derecho a no declarar en las dependencias del cuartel de la Guardia Civil de Patraix, en Valencia, donde estaba citado como investigado en el caso Erial, por el que está detenido el exministro Eduardo Zaplana.

Fuentes jurídicas han indicado que Cotino, que llegó a las dependencias de la Guardia Civil a las 10.52 horas, prefiere guardar silencio hasta conocer el sumario, actualmente declarado secreto. Han indicado además que Cotino ha abandonado las dependencias de la Guardia Civil sin que pesara ninguna medida cautelar ni citación para presentarse ante el Juzgado de Instrucción número 8, encargado de la investigación.

Las mismas fuentes han señalado que tampoco habrían querido prestar declaración ninguna de las personas detenidas o citadas por estos hechos, misma estrategia que al parecer mantendrán durante su comparecencia en el juzgado.

El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana y otras seis personas están acusadas en este caso de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Además de Zaplana, han pasado a disposición de la juez los hermanos Vicente y José Cotino, empresarios y sobrinos del ex director general de la Policía y expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino.

También lo han hecho el exdirigente de la Agencia Valenciana de Turismo y exconsejero del parque temático Terra Mítica Joaquín Barceló y su mujer, Felisa López, el abogado y asesor fiscal Francisco Grau, y Juan Francisco García, exjefe de Gabinete de Zaplana en la Generalitat.

Todos fueron detenidos en una causa en la que se investiga el presunto pago de comisiones por adjudicaciones del Gobierno valenciano en la época en la que lo presidía Eduardo Zaplana (1995-2002) y la reciente repatriación del dinero desviado para su blanqueo.

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