Pardo de Vera

El juez de la Audiencia Nacional retira el pasaporte y prohíbe a Isabel Pardo de Vera y al exdirector de Carreteras a abandonar el país como medida cautelar

La expresidenta de Adif y el exdirector general de Carreteras declaran este lunes en la Audiencia Nacional por su presunto papel en la trama de adjudicaciones irregulares.

Pardo de Vera a su llegada a la Audiencia Nacional

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La expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha acudido a la Audiencia Nacional para declarar como investigada ante el juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, ha acudido acompañada de su abogado, ante una gran expectación mediática y con la voluntad de declarar ante el magistrado. También está citado el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, ambos por su vinculación con los contratos públicos presuntamente amañados durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. Cerca de las a las 12:30 terminó su declaración.

Una vez finalizada sus declaraciones, el juez ha ordenado como medida cautelar la retirada del pasaporte a Pardo de Vera y Herrero y les ha prohibido salir de España mientras avanza la investigación.

Los dos ex altos cargos están imputados por malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal, en relación con una supuesta red de adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones. En el caso de Pardo de Vera, la investigación incluye además la presunta contratación irregular de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos.

En cuanto a las declaraciones de Pardo de Vera, ha defendido que no tenía competencias de administración y se quejó de las formas inapropiadas de Koldo, a la que ha asegurado ser "una persona sin formación que se permitía decir lo que hay que hacer". Además, ha asegurado que no intervino en la contratación de Jessica, ya que ella "no sabía ni que era la sobrina ni la novia" que le pasó el CV cree que Koldo y que si hubiera sabido que Jesica no trabajaba lo habría contado, ya que ha asegurado que eso le parece una falta de respeto a los ciudadanos.

Indicios y conversaciones con Koldo García

El juez toma declaración después de que el Tribunal Supremo remitiera el caso a la Audiencia Nacional al apreciar indicios suficientes contra ambos exresponsables del Ministerio. Según los investigadores, su papel habría sido clave en el direccionamiento de contratos públicos hacia empresas vinculadas con la trama encabezada por Santos Cerdán.

El expediente policial recoge varias conversaciones interceptadas entre Pardo de Vera y Koldo García, exasesor de Ábalos. En una de ellas, del 2020, Koldo solicita una adjudicación a la empresa LIC. La expresidenta de Adif le responde: "Le hemos dado una de 700.000 hace nada, otra vez va a cantar, déjame mirarlo". Un mes después, LIC fue adjudicataria de una obra de emergencia en Asturias por más de 590.000 euros.

No obstante, Pardo de Vera ha declarado que "nunca" aceptó una petición de Koldo García para favorecer a una constructora determinada en la adjudicación de obras. En este sentido, la expresidenta de Adif afirma señaló que Koldo le insistía en ayudar a LIC, pero ella respondía que no participaba "en emergencias" de contratos y asegura que de las 400 "emergencias" que tramitó en contratos, LIC sería adjudicataria de un muy pequeño número y que se trataría de contratos "menores" en comparación con el resto.

Además, la imputada dijo que no conocía la empresa OPR ni la UTE Construcciones Pérez Jiménez sobre la que se le preguntó.

Adjudicaciones señaladas y material incautado

En otro intercambio, Koldo se queja por el resultado de una licitación en Extremadura: "Nos ha jodido un poco", dando a entender que esperaba que ganara Acciona. La conversación revela una posible intención de intervenir en los procesos de contratación. En otro mensaje, Pardo de Vera le escribe: "Apertura Sant Feliu: Acciona. Baja 24,772. Finalmente, Acciona resultó adjudicataria por más de 50 millones de euros, cifra que posteriormente se amplió hasta los 60 millones.

La declaración de este lunes se produce semanas después de que la UCO de la Guardia Civil registrara los domicilios de los investigados. En el caso de Pardo de Vera, se intervinieron ordenadores, dispositivos móviles, pendrives y un contrato relacionado con la compra de mascarillas, clave para el origen del caso.

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