El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska

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Ministerio del Interior

Interior envía un avión y dos tripulaciones de la Guardia Civil a la frontera greco-turca tras la crisis de refugiados

El Ministerio del Interior ha comunicado que el despliegue de apoyo por mar y por tierra se producirá durante los próximos días.

El Ministerio del Interior ha aprobado la petición realizada por Frontex (agencia europea de fronteras y costas que se encarga de supervisar el sistema de gestión y control fronterizo dentro del área europea sujeta al Acuerdo de Schengen) para hacer frente a la crisis de refugiados en la frontera entre Grecia y Turquía, para la cual se ha aceptado el envío de un avión de la Guardia Civil con dos tripulaciones y a cuatro agentes del Instituto Armado y uno más de la Policía Nacional en apoyo terrestre.

El pasado 4 de marzo, tras la reunión del Consejo de Ministros y Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, manifestó "la plena solidaridad de España con Grecia ante el aumento de la presión migratoria en la frontera con Turquía". España anunció entonces que estudiaría la ampliación de la aportación española a las operaciones de Frontex en la zona con más medios materiales y personales de Policía Nacional y Guardia Civil, pero también se aprobó una declaración conjunta en la que se señalaba que la Unión Europea estaba "preparada para reforzar su apoyo a las áreas bajo presión".

Así, el despliegue de apoyo, tanto por mar como por tierra, está previsto que se lleve a cabo en los próximos días.

Fontera greco-turca

Todo ha sucedido después de que las fuerzas de seguridad griegas hayan impedido la entrada de miles de migrantes y refugiados en la frontera turca en los últimos días en medio de un cruce de reproches con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a quien han acusado de utilizar a personas "desesperadas" para su "agenda geopolítica". Las autoridades griegas han invocado una cláusula excepcional de la normativa europea para solicitar una ayuda adicional y paralizar las tramitaciones de las peticiones de asilo, en una iniciativa cuya legalidad ya ha sido puesta en duda por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR.

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