El hermano de Pedro Sánchez y el líder del PSOE de Extremadura serán juzgados del 9 al 14 de febrero

La Audiencia Provincial de Badajoz ha fijado las fechas del juicio oral del 'caso de la Diputación de Badajoz' que sentará en el banquillo a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente Pedro Sánchez, y al secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. Según la diligencia de señalamiento dictada este viernes, las sesiones se desarrollarán entre el 9 y el 14 de febrero de 2026, comenzando a las 10:00 horas, con posibilidad de continuar por la tarde a partir de las 17:00 horas.

El procedimiento investiga presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la contratación de David Sánchez en 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz.

David Sánchez niega las acusaciones y pide su absolución

El hermano del presidente del Gobierno, presentó el lunes su escrito de defensa ante la jueza instructora Beatriz Biedma, sosteniendo que los hechos "no constituyen ningún delito" y solicita su absolución. En el documento, David Sánchez cuestiona además la legalidad de una de las principales diligencias de investigación: la intervención por parte de la UCO de miles de correos electrónicos enviados y recibidos por los procesados durante la creación y adjudicación del puesto que terminó ocupando.

El hermano del presidente mantiene que "los procesos administrativos" seguidos en su contratación se ajustaron "estrictamente a la legalidad vigente" y que no se ha acreditado "ni siquiera indiciariamente" su participación "con sesgo delictivo de clase alguna en su creación o adjudicación".

El escrito pide excluir los correos intervenidos por la UCO

La defensa de Sánchez plantea que los correos electrónicos incautados por la Guardia Civil no sean admitidos como prueba en el juicio, "por entender que la pretendida autorización judicial que ordena las incautaciones lesiona derechos fundamentales de los investigados".

El abogado también propone la declaración en el juicio de los 11 acusados, 13 testigos y tres peritos. Además, anuncia que en el trámite previo al inicio de las sesiones desarrollará los argumentos para solicitar la exclusión de las pruebas intervenidas.

La investigación y los "indicios de criminalidad"

En su auto de abril, la jueza instructora concluyó que existían "claros indicios de criminalidad" en la actuación de los once encausados, una decisión ratificada después por la Audiencia Provincial. Según la magistrada, el proceso por el que David Sánchez consiguió su puesto "no fue fruto de un proceso selectivo justo y transparente", sino que se habría realizado "sin cumplir los requisitos constitucionales".

También atribuye al hermano del presidente haber utilizado su "influencia" en la Diputación para "obtener un beneficio propio", adaptando las condiciones de su puesto "a sus preferencias personales", como "no tener que acudir diariamente a un despacho y dedicarse a la ópera". Asimismo, señala que habría favorecido la contratación en la Diputación de Luis Carrero, un amigo y extrabajador de La Moncloa también procesado, "para auxiliarle directamente trabajando con él en su mismo despacho".

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