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Coronavirus

Primeras penas de prisión por no cumplir el confinamiento por coronavirus

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que ya se han impuesto las primeras penas de prisión por incumplir el estado de alarma por coronavirus.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado que el incumplimiento del estado de alarma para combatir el Covid-19 ya ha dado lugar a las primeras condenas penales. Un juez de Santa Cruz de Tenerife ha impuesto penas de cuatro meses de prisión por no respetar la cuarentena para evitar la propagación del coronavirus. “La insolidaridad debe tener una respuesta relevante” ha dicho el Ministro de Interior.

Marlaska, en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, ha destacado también que hoy han sido detenidas 130 personas y que se han efectuado 20.000 nuevas denuncias. Hasta hoy ya son 926 las detenciones practicadas desde que el pasado 14 de marzo entrara en vigor el estado de alarma por el COVID-19.

El ministro de Interior ha recordado que nos acercamos al pico de la pandemia y ha apelado de nuevo a la "responsabilidad" de todos para garantizar la salud pública.

Al mismo tiempo, Marlaska informó de que han sido localizados tres enfermos por Covid-19 -dos en Leganés, en Madrid, y uno en Benidorm, Alicante, que habían abandonado el hospital sin recibir el alta médica. Los tres han sido localizados y reingresados con las medidas oportunas.

La Fiscalía estudirará si hay responsabilidad penal

El ministro ha señalado que se examinará si estas personas afrontan responsabilidades penales, por lo que se dará traslado de estos casos a la Fiscalía. "Se va a estudiar decididamente la responsabilidad" de esta conducta para "que sea ésta quien defina si puede haber responsabilidad en el ámbito penal".

Pero, independientemente de si pueden haber cometido algún delito, ha explicado Marlaska, estas personas "serían" sujetos a una sanción administrativa en virtud del artículo 7 del real decreto que introdujo el estado de alarma en el país, por el que se limita la libertad de circulación de los ciudadanos.

El ministro ha destacado la "gravedad" de esta conducta, dado que "pone en peligro la salud pública" de los ciudadanos, porque los pacientes son conscientes de que han dado positivo por COVID-19.

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