El Gobierno vuelve a decidir sobre la reducción de licencias VTC en Madrid

El Gobierno vuelve a hacerse cargo de las licencias de VTC (vehículo de alquiler con conductor en Madrid). Es decir, la decisión sobre si reducir o no el número de licencias disponibles de compañías como Uber y Cabify vuelve a estar en manos del Ejecutivo. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y con ello, se deberán dar una respuesta a las más decir de 15.000 reclamaciones existentes en septiembre del 2022 como tarde.

Un año para conocer una de las respuestas definitivas a la discusión convertida casi en guerra entre taxistas y conductores de VTC.

Hace tres años el ministerio de fomento dirigido por José Luis Ávalos modificó la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para que fuesen las Comunidades Autónomas y sus Ayuntamientos los que tomasen cartas en el asunto. ¿Retirar permisos ya concedidos por tiempo indefinido? Es lo que pide el sector del taxi puesto que sería la forma de cumplir con el ratio establecido al respecto: una licencia V TC por cada 30 taxis. Algo que no se cumple en las grandes ciudades.

Agilizar el proceso para la retirada de licencias VTC

La decisión del TSJM anula tan solo algunas disposiciones del decreto aprobado en 2018 por el Consejo de Ministros sobre licencias VTC. Concretamente, parte de las que presentó como recurso la empresa Autos Laucar. En este, se alegaba que la modificación de la anterior ley de transporte terrestre era, en la práctica, "una expropiación encubierta" que volvía imposible la recuperación de la inversión y la indemnización por lucro cesante en cuanto a la obtención de la licencia se refiere.

La modificación de la ley también otorgaba un periodo de cuatro años en el que los conductores de Uber o Cabify podían seguir operando, aunque con restricciones. Para agilizar el proceso, la justicia devuelve al Gobierno toda gestión relacionada con los expedientes administrativos para que sea el Ministerio de Fomento el que proceda a resolver las reclamaciones existentes.

De esta forma, se evita que las empresas afectadas "se vean obligadas a presentar nuevas solicitudes de indemnización o prórroga adicional a la habilitación temporal para obtener una respuesta de la Administración del Estado".

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