Fiscal General del Estado
El Gobierno renueva a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado hasta 2027
El Ejecutivo confirmará la renovación de García Ortiz como FGE en la reunión del Consejo de Ministros del próximo martes.
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Álvaro García Ortiz seguirá siendo el fiscal general del Estado. Durante la próxima reunión del Consejo de Ministros, que se celebrará el martes 28 de noviembre, el Gobierno confirmará su renovación en el cargo de cara a la nueva legislatura, es decir, hasta 2027.
El Ejecutivo mantiene así su confianza en García Ortiz, que accedió al cargo en agosto de 2022 como relevo de la exministra de Justicia Dolores Delgado, que cesó del cargo por motivos de salud. Desde Moncloa han destacado que se trata de "un fiscal de carrera de reconocido prestigio".
El Supremo anula el ascenso de Dolores Delgado
Esta renovación en el cargo llega tan solo un día después de que el Tribunal Supremo haya anulado la decisión de García Ortiz de ascender a su antecesora, Dolores Delgado.
El TS ha estimado parcialmente el recurso presentado por el que fuera teniente fiscal del Tribunal de Cuentas, Luis Rueda, quien impugnó el real decreto de nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de lo Militar. El Supremo aprecia "desviación de poder" en la propuesta del actual fiscal general del Estado para ascender a Dolores Delgado a la máxima categoría del Ministerio Fiscal y señala "el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados en el ordenamiento jurídico".
De esta manera, el Tribunal ha ordenando retrotraer las actuaciones hasta el momento de elevar tal propuesta al Consejo de Ministros para que se realice otra nueva.
Críticas por su postura frente a la amnistía
Por otro lado, García Ortiz ha recibido en las últimas semanas numerosas críticas debido a su postura frente a la ley de amnistía y a las acusaciones de 'lawfare'. Y es que García Ortiz se ha negado a condenar el acuerdo del PSOE y Junts en lo referente al término 'lawfare', algo que difiere radicalmente como la posición adoptada por todas las asociaciones de jueces y fiscales, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los TSJ, las audiencias provinciales y los jueces decanos de España: todos ellos han emitido comunicados criticando el reconocimiento de este término y alertando del riesgo para la separación de poderes.
Este mismo martes, de hecho, 18 fiscales de Sala del Supremo mandaron una carta en la que le acusan de "ignorar" de forma deliberada la solicitud de amparo que le lanzaron los cuatro fiscales del procés.
"De salir al paso de las injuriosas insinuaciones que sobre la actuación de los fiscales que intervinieron en la causa penal conocida como el procés y sus derivadas, se han plasmado en el acuerdo de investidura firmado por PSOE y Junts, conocidas como lawfare", en palabras textuales de un escrito que le acusa de que "ignorara deliberadamente la respuesta a la gravísima situación que vive el Ministerio Fiscal y a la demanda de amparo formulada por los Fiscales del procés".
Los firmantes exponían su decepción por la falta de voluntad del fiscal general para atajar insinuaciones "injuriosas" de guerra sucia judicial hacía Jaime Morano, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena, que le habían pedido poco antes por escrito que les defendiera públicamente ante estas acusaciones del independentismo catalán.
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