Ley de 'lobbies'

El Gobierno pone coto a las puertas giratorias y regula los grupos de presión

El ejecutivo impedirá a los cargos públicos que puedan ejercer la labor de lobby durante los dos años posteriores a su cese en el cargo.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante la presentación del proyecto de ley sobre los grupos de presión

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante la presentación del proyecto de ley sobre los grupos de presiónMoncloa

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de ley que busca controlar la acción de los llamados 'lobbies' o grupos de presión, y al mismo tiempo, hace más difícil la llegada de cargos públicos a puestos desde los que puedan presionar a las administraciones públicas, al menos durante los dos primeros años después de cesar en el cargo.

Según la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se cubre así una "carencia" en las leyes españolas que supone un "paso adelante en transparencia equiparable al de las democracias avanzadas del entorno europeo", ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha añadido que "el gobierno responde a una demanda de la sociedad civil y de instituciones como la Unión Europea".

Ley de transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés

El anteproyecto de ley al que ha dado hoy el visto bueno el Gobierno regula además las relaciones que se den entre estos grupos y los altos cargos de la administración general del Estado y el sector público. Según el texto, se considera actividad de influencia “toda comunicación directa o indirecta con el personal público con la finalidad de influir o intervenir en la toma de decisiones públicas en el momento de diseño o ejecución de proyectos normativos”.

Montero ha aclarado que no se considera 'lobby' las relaciones que las propias administraciones públicas tienen entre sí, con los organismos públicos, las organizaciones internacionales públicas (como ONU o Unicef) o autoridades públicas extranjeras, las organizaciones empresariales o sindicatos, los partidos políticos y los colegios profesionales.

El gobierno habilitará un registro público, disponible en el portal de transparencia, en el que tendrán que inscribirse aquellos grupos que deseen realizar actividades legítimas de influencia a la hora de crear leyes. Si no se registran, no podrán reunirse con personal público para ejercer esas actividades de influencia.

Regalos prohibidos

Además, la ley prevé un código de conducta que prohíbe, entre otras cosas, ofrecer regalos o favores a los responsables públicos. Y se creará un listado que permita saber quiénes y en qué momento han participado en la elaboración de una norma.

Coto a las puertas giratorias

Junto a todo ello, el anteproyecto busca combatir las puertas giratorias al establecer que un alto cargo público no podrá realizar actividades de lobby en materias relacionadas con sus competencias a lo largo de los dos años siguientes al cese de su cargo.

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