Congreso de los Diputados

Gobierno y PP pactan una reforma de la Constitución “ceñida” a la palabra “disminuidos”

Gobierno y oposición trabajarán en un texto común para eliminar el término “disminuidos” de la Carta Magna. Sería una reforma "ceñida" al Art. 49 y con la “unanimidad” de la Cámara.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, reunido con la portavoz del PP, Cuca Gamarra

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, reunido con la portavoz del PP, Cuca Gamarra EFE

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El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz del PP, Cuca Gamarra, se han reunido este miércoles en el Congreso para buscar un consenso que permita eliminar la palabra "disminuidos" del artículo 49 de la Constitución. La cita se produce en el último año de legislatura, un momento en el que cualquier paso que dan los grupos parlamentarios se mide con cuidado. Nadie pierde de vista las próximas elecciones de mayo. Y si eso complica todo acuerdo entre el Gobierno y sus aliados habituales, aún resulta más improbable entre el Ejecutivo y la oposición.

Sin embargo, el Gobierno y el Partido Popular se muestran dispuestos a intentarlo dado el “consenso” social sobre este asunto. Así lo han constatado durante su encuentro, de poco más de una hora y a puerta cerrada. Las dos partes se han comprometido a seguir trabajando en las próximas semanas en un texto común para sustituir el término "discapacitados" por el de "personas con discapacidad". "El Gobierno valora la Constitución como marco de conciencia. Desde esta perspectiva creemos que hay que cuidarla todos los días y adaptarla a los tiempos", ha defendido el ministro Félix Bolaños durante la rueda de prensa posterior a la reunión. La portavoz popular, Cuca Gamarra, ha asegurado que le van a dar "prioridad" dada la importancia que tiene para las personas con discapacidad.

Reforma “abierta a todos” pero sin referéndum

Pero para seguir adelante, el Partido Popular exigía desde hace semanas al Gobierno un cortafuegos que evite las pretensiones de sus socios. Durante el periodo de enmiendas al proyecto de ley, el PNV ha aprovechado la posible reforma constitucional para introducir en la Carta Magna el derecho a decidir del País Vasco. Otros como Junts quieren limitar las competencias del Tribunal de Cuentas y Ciudadanos, por ejemplo, busca recentralizar competencias autonómicas.

Gobierno y PP han concretado “ceñir” la reforma al artículo 49. “Para que las personas con discapacidad no vean como se aprovecha la oportunidad para otros objetivos”, ha expresado Gamarra ante los medios. La voluntad es asegurar el apoyo unánime del Congreso. El ministro Bolaños ha asegurado que es una “reforma abierta a todos los grupos” y por ello hablará con los distintos grupos parlamentarios.

Fuentes cercanas a la negociación explican que es clave asegurar que ningún grupo exija un referéndum, tal como permite la Constitución. Así se establece en su artículo 167, siempre y cuando lo solicite “una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras” y posteriormente a que la reforma constitucional haya recibido el visto bueno del Congreso de los Diputados con una mayoría de tres quintos. Una pretensión histórica de Podemos y que la parte morada del ejecutivo no ha descartado tajantemente.

Una reforma aparcada durante años

Hace más de cinco años, todos los partidos del Congreso pactaron una iniciativa para eliminar la palabra "disminuidos" del artículo 49 de la Carta Magna. El proyecto arrancó en 2018 tras el acuerdo de la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja, pero el anticipo de las elecciones generales y la disolución de las Cortes Generales dejó la reforma en un cajón.

En 2021, ya durante esta legislatura, el Gobierno reactivó el plan bajo la tutela de la entonces vicepresidenta socialista Carmen Calvo. Sin embargo, las sucesivas prórrogas para presentar enmiendas al proyecto de ley han sido constantes hasta finales del pasado año 2022. El plazo ha llegado a prorrogarse casi 60 veces hasta el pasado 20 de diciembre, cuando la Mesa del Congreso decidió continuar el trámite parlamentario.

La reforma constitucional queda ahora en manos de socialistas y populares, ya que cualquier cambio en la Constitución, por mínimo que sea, tiene que aprobarse por una mayoría de tres quintos. Eso obliga a PSOE y PP a ponerse de acuerdo.

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