El Gobierno niega que haya diferencias en el seno del gabinete que preside Pedro Sánchez a cuenta de la política a desarrollar en cuestiones migratorias. “En absoluto”, respondió la vicepresidenta Carmen Calvo cuando se le preguntó si hay fricciones en el Ejecutivo entre socialistas y miembros de Unidas Podemos. “En absoluto, acatamos las sentencias, todas”, dijo Calvo a raíz de la sentencia de Estrasburgo que avala las ‘devoluciones en caliente’. En la misma línea se expresó la portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “En absoluto" hay diferencias. "El ministro explicó que se trataba de un borrador técnico, previo a las elecciones, que no había tenido ningún filtro político. El Gobierno defiende, dijo la portavoz, una “migración ordenada pero hay que garantizar los derechos humanos”.
Las discrepancias, a puerta cerrada
Por su parte, el vicepresidente Pablo Iglesias también negó la existencia diferencias en el Ejecutivo. “Al contrario”, insistió Iglesias, que habló de un "Gobierno unido” en el que se discuten “las diferencias a puerta cerrada”. En España hay un “Gobierno unido y firme”, subrayó el líder de Unidas Podemos. Desde el Gobierno se aseguró en las últimas horas que la política migratoria es una “cuestión de Estado, basada en el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales y en los derechos humanos”. Y que, bajo estos preceptos, el Ejecutivo entiende que la política migratoria debe tener como ejes la cooperación y apoyo a las poblaciones en desarrollo de los países de origen; la lucha contra la criminalidad y la trata de seres humanos; la apertura de vías legales y seguras para la inserción social y laboral en los países de destino; y el establecimiento de cauces para la correcta identificación entre peticiones de asilo y migraciones económicas, adecuando el sistema de asilo a la protección de nuevas realidades. La política migratoria, con un posible endurecimiento del derecho de asilo, en la que trabajaba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha provoca las primeras tensiones en el Gobierno llevando incluso a Unidas Podemos a pedirle explicaciones por sus intenciones al considerarlas contrarias al acuerdo suscrito para el Gobierno de coalición.
Antes de estas declaraciones y de la primera reunión de la comisión de coordinación entre los dos partidos de la coalición, Unidas Podemos barajaba presentar iniciativas parlamentarias contra las 'devoluciones en caliente' si no conseguía convencer al PSOE de emprender otras ejecutivas desde el Gobierno.
Pero aparece otro frente
La Ley Integral por la Protección de la Libertad Sexual y Contra las Violencias Sexuales ha generado otro episodio de enfrentamiento. El proyecto está terminado pero aún no ha recibido la conformidad del Ministerio de Justicia. "En el Ejecutivo hay discrepancias por la ley de libertad sexual, uno de los compromisos del acuerdo del Gobierno, expresamente reflejado en el pacto que se presentó", han subrayado fuentes de la negociación. Esta ley integral, recogida en el acuerdo de Gobierno de coalición, incluiría la reforma del Código Penal para que el consentimiento sea la clave en la tipificación de los delitos sexuales (que sólo sí sea sí), como establece el Convenio de Estambul. Un debate que ha coincidido con la intención expresada por el Gobierno de acometer una reforma amplia del Código Penal, que incluiría una revisión del delito de sedición. Las mismas fuentes de la negociación han precisado que el Gobierno había acordado iniciar su tramitación antes del 8 de marzo y que, terminado el texto "hace días", "lo único que falta para que se empiece a tramitar y llegue a tiempo es que el ministro de Justicia -Juan Carlos Campo- dé el ok".
Igualdad, el departamento de Irene Montero, espera el respaldo de Justicia desde hace semanas y que el ministro "se niega a hacerlo alegando generalidades de procedimiento, sin concretar". Sin embargo, fuentes de Justicia han asegurado que "no hay ningún tipo de bloqueo" y que están colaborando "de buena fe" con Igualdad para tener "el mejor texto posible". "Todo el mundo tiene que hacer sus aportaciones. Estamos cooperando, es una ley importante y estamos actuando como siempre, haciendo nuestras aportaciones. Es una ley orgánica que afecta a derechos fundamentales sobre un asunto que nos importa muchísimo, como a todo el Gobierno", han incidido desde Justicia. Unidas Podemos ha trasladado al PSOE su malestar en la reunión de coordinación del pacto de Gobierno que se ha celebrado este mediodía en el Congreso, a la que han acudido con vocación de alcanzar un acuerdo que permita llevar la legislación al Consejo de Ministros antes del 8 de marzo. Desde Moncloa se ha querido quitar hierro a las discrepancias filtrando que hay "consenso total" y da a entender que se dará a conocer el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
