Iglesia
El Gobierno y la Iglesia cierran un acuerdo para reparar a las víctimas de abusos sexuales
Félix Bolaño firma el acuerdo con los presidentes de la Confederación Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego.

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El Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos cierran un acuerdo para la creación de una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no cabe la vía judicial.
Los detalles del acuerdo
Este jueves, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, firma el acuerdo con los presidentes de la Confederación Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. Tras ello, el ministro ofrecerá una rueda de prensa en la que presentará los detalles del acuerdo.
Se trata de un pacto que llega después de que la Conferencia Episcopal aceptara a finales de noviembre la propuesta del Gobierno para atender y reparar a las víctimas de abusos sexuales en la que se proponía que aquellas que no quieran acudir a la comisión impulsada por la Iglesia, lo hagan a través del Defensor del Pueblo.
Este Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) lo puso en marcha la Iglesia con el fin de dar respuesta y reparación a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no tienen recorrido legal, pero muchas de ellas no quieren acudir a la comisión que estudia los casos.
El objetivo es que exista un sistema mixto Iglesia-Estado y que cuente con la participación de las víctimas y reparaciones a cargo de la Iglesia.
Un mecanismo con participación de las víctimas
El convenio deberá contar con la opinión directa de las víctimas y definirá su estatuto básico, así como el procedimiento para el reconocimiento de su condición. Entre las fórmulas de reparación contempladas se incluyen medidas restaurativas y simbólicas, atención psicológica o psiquiátrica, que podrá extenderse al entorno familiar, y reparación moral.
El acuerdo se enmarca, según el texto, en el compromiso del Gobierno de promover los objetivos de la Ley Orgánica 8/2021, orientada a garantizar una protección integral frente a la violencia ejercida contra niños y adolescentes. La Conferencia Episcopal interpreta que el Ejecutivo se compromete así a abordar la reparación de víctimas de abusos en cualquier ámbito, una petición reiterada por la Iglesia.
En la comparecencia posterior a la firma, Argüello subrayó que el acuerdo "abre la perspectiva" de que los procesos de reparación puedan extenderse a otros espacios sociales. Bolaños, por su parte, quiso acotar el alcance del pacto: "En este acuerdo no hay ningún otro compromiso que no tenga que ver con las víctimas en el seno de la Iglesia Católica", insistió.
La Iglesia paga, el Estado decide
"La clave del acuerdo es que el Estado fija la reparación y la indemnización, y la Iglesia la paga", recalcó Bolaños. "El Estado no abonará ni un céntimo", añadió. Argüello reveló que, a través del PRIVA, ya se han ofrecido cerca de dos millones de euros en indemnizaciones, aunque reconoció la desconfianza expresada por algunas víctimas hacia ese sistema, motivo por el que el nuevo acuerdo "abre una vía acompañada".
El ministro defendió que el plazo previsto es suficiente y aseguró que, si fuera necesario ampliarlo, se hará. "Puede que el Estado haya llegado tarde, pero hoy lo hacemos con carácter retroactivo", concluyó.
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