El Gobierno y la Generalitat acuerdan incumplir el 25% de castellano en los colegios catalanes

"Ha habido un acuerdo por el catalán, no nos impugnan la ley”. Así de tajante ha admitido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haber logrado que el Gobierno sea flexible en el uso del castellano en las aulas de Cataluña. Durante una entrevista televisada, Aragonès daba a conocer algunos de los avances en los que trabaja la Mesa de Diálogo entre el Gobierno central y el ejecutivo catalán.

Preguntado por cómo progresan las negociaciones, el líder de ERC asegura que “ha habido avance en un acuerdo muy colateral para contribuir en generar confianza en todas las partes”. Ese asunto en el que habrían acercado posturas es en materia lingüística. “Lo primero que ha hecho (dentro de las conversaciones de la Mesa de Diálogo) es que no nos impugnen la ley del catalán en la escuela, que era algo imprescindible. Si estás en una negociación y te impugnan la ley de seguridad lingüística que tiene una amplía mayoría parlamentaría, pues ya podemos irnos”, afirmaba Pere Aragonès en TV3.

Aun así, pese a alcanzar acuerdos como este, Aragonès ha dejado claro que mantiene su compromiso por seguir trabajando por la independencia de Cataluña. “Hay un 80% de catalanes que en las encuestas se muestra claramente a favor de la resolución del conflicto político mediante un referéndum y estamos en cifras muy similares respecto al fin de la represión y la desjudicialización”, defendía.

La última normativa lingüística catalana, ante el Constitucional

En 2014, el Tribunal Superior de Cataluña estableció que las escuelas catalanas tuviesen que impartir el 25% de sus clases como mínimo en castellano. Esa sentencia sirvió de base jurídica para que numerosas familias exigiesen poco a poco su aplicación colegio por colegio y la mayoría recurriendo a los tribunales. Sin embargo, en 2020 la justicia amplió esa obligatoriedad a toda la educación catalana. Desde entonces el ‘govern’ catalán ha tratado de buscar la fórmula para esquivar su cumplimiento. Para ello, la Generalitat elaboró varias normas sobre “uso de las lenguas en la escuela” y que no vinculan el uso del castellano o el catalán en las aulas a ningún tipo de porcentaje. El Tribunal Constitucional está estudiando ahora esos textos.

Al margen de que la nueva ley de la Generalidad cumpla con la legalidad, el president Aragonès quiere tener de su lado al ejecutivo de Sánchez. El compromiso del Gobierno central, siempre según las palabras de Aragonès, se enmarcan dentro de las negociaciones abiertas en esa Mesa de Diálogo que ambos Gobiernos tienen abierta desde hace años para trabajar en pro de "un tiempo nuevo de acuerdos y progreso para toda Cataluña y para toda España", tal y como han venido defendido desde Moncloa reiteradamente.

La Mesa de Diálogo, sin fecha para nuevas reuniones

La última reunión de la mesa fue el pasado mes de julio. De aquella cita salió “un acuerdo para superar la judicialización y reforzar las garantías y a otro acuerdo para la protección y el impulso de la lengua catalana”, según la nota ofrecida entonces por el Palacio de la Moncloa. Pero desde entonces, los equipos de Sanchez y Aragonès no han vuelto a verse.

El presidente catalán apunta a que esa próxima cita será antes de final de año. Pero la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aseguraba este viernes que desconocía cuándo será. “Pero me consta que seguimos trabajando. Soy muy prudente con los plazos y, en cuanto avancemos, nos volveremos a reunir”, añadía durante una entrevista en Catalunya Radio. Una conversación en la que recordaba que ya en pasadas citas se “avanzó en materia lingüística”. “A mí me gustaría poder estudiar todas las lenguas oficiales en cualquier colegio del país”, decía preguntada por la política en materia lingüística del Generalitat catalana.