El Gobierno exige a varias comunidades que hagan una lista de médicos objetores al aborto

El Gobierno de Pedro Sánchez propone que las comunidades autónomas creen un registro de personas objetoras para compatibilizar este derecho con el del aborto, reconocido también por ley. La ministra de Igualdad ha criticado, en RNE, a la Comunidad de Madrid donde -dice- el 95% de los abortos se producen en clínicas privadas.

De hecho, el presidente de Gobierno ha enviado un requerimiento formal a los presidentes y presidentas de Madrid, Asturias, Aragón e Islas Baleares para que, con urgencia, adopten las medidas para regular ese registro de personas objetoras. Un derecho amparado en la Ley Orgánica 2/2010. El gobierno recuerda que el Consejo Interterritorial del SNS aprobó en 2024 ese protocolo por unanimidad. Fuentes del Ejecutivo aseguran que es de obligado cumplimiento.

Pero el Ejecutivo va más allá y ya advierte de que, si en tres meses no responden a ese requerimiento, se activarán los mecanismos legales para exigir su cumplimiento, según indican fuentes de La Moncloa.

Según ha explicado la ministra de Igualdad en RNE, a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios no puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres. Explica Ana Redondo que las mujeres que viven en zonas rurales lo tienen todavía más complicado a pesar de que la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ampara a todas las mujeres, vivan donde vivan. Redondo ha explicado que el Gobierno trabajará para que este derecho de las mujeres se ejerza en la sanidad pública "con todas las garantías" de seguridad, autonomía y libertad.

El aborto como cortina de humo

El Partido Popular considera que Sánchez no está preocupado por la aplicación de la ley del aborto sino que la utiliza como cortina de humo para evitar hablar de los problemas judiciales que tienen su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez. El Gobierno responde. Aseguran que el PP se está mimetizando con Vox en su argumentario contra el aborto y las libertades de las mujeres.

El Ejecutivo propuso, la semana pasada, blindar el aborto en la Constitución. Para ello, necesita obligatoriamente el apoyo del Partido Popular en el Congreso, algo que los populares rechazaron al considerar que el aborto no es un derecho fundamental. En todo caso, la ministra Redondo habla de modificar el artículo 177 de la Constitución, el mismo que se utilizó para modificar el artículo 49 que eliminó la palabra disminuido y sustituirla por discapacitado.

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