El Gobierno afirma que Carles Puigdemont debe someterse a la acción de la Justicia

El Gobierno considera que la detención del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, obedece a un procedimiento judicial en curso. Por eso, como cualquier otro ciudadano, debe someterse a la acción de la Justicia.

Así lo ha indicado Moncloa desde un comunicado tras la detención de Puigdemont en Cerdeña. En él, recalca que esa acción es consecuencia del procedimiento judicial abierto "que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que debe responder de sus actos ante los tribunales".

El Gobierno expresa su respeto a las decisiones de las autoridades y tribunales italianos. Al igual que indica que ha hecho siempre con las que han adoptado los tribunales españoles y europeos que han dictado resoluciones en los procedimientos judiciales que afectan a Puigdemont.

"En consecuencia, el señor Puigdemont debe someterse a la acción de la Justicia exactamente igual que cualquier otro ciudadano", han concluido.

La posición del Gobierno es clara

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado que "la posición del Gobierno es clara". "Cualquier persona tiene que estar a disposición, nadie puede eludir la Justicia. Es aplicable a todos sin excepción", ha indicado.

Sobre la supuesta ilegalidad de la detención, indica que "hay una euroorden, no se puede hablar de ilegalidad".

Detenido en Cerdeña

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sido detenido en Cerdeña por las autoridades italianas. Se debe a la orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo (TS).

Gonzalo Boye, el abogado del expresidente, ha explicado en redes sociales que Puigdemont "ha sido detenido a su llegada a Cerdeña donde acudía como eurodiputado". Indica que la detención se produce "en función de la euroorden de 14 de octubre de 2019 que, por imperativo legal, se encuentra suspendida".

Fuentes del Tribunal Supremo consultadas por Antena 3 Noticias aseguran que todavía están pendientes de que el juez de enlace en Italia informe de la situación. Tras la sentencia, en enero de 2021, el Supremo mantuvo la orden nacional, europea e internacional de detención.