El Gobierno abre el procedimiento para ilegalizar la Fundación Franco

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Cultura, ha abierto este viernes el procedimiento previo para instar la ilegalización judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). La entidad ha recibido ya la notificación del correspondiente expediente y la apertura del plazo de alegaciones, según han confirmado fuentes del departamento que dirige Ernest Urtasun.

El proceso, iniciado en junio de 2024, comenzó con un periodo de actuaciones previas para recabar información y pruebas que justificaran el expediente. Cultura, como responsable del Protectorado de Fundaciones, es el organismo competente para solicitar dicha extinción judicial.

Tras esta notificación, la Fundación Franco dispone de 10 días hábiles para presentar alegaciones y aportar documentación. Después, el Ministerio elaborará una propuesta de resolución, solicitará un informe a la Abogacía General del Estado y, con ello, Urtasun firmará la resolución definitiva que será elevada a los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil. Según indica Europa Press, fuentes de Cultura confían en que el caso llegue a los tribunales "lo más rápido posible", aunque admiten que el calendario dependerá de la estrategia de la fundación. Calculan que el expediente podría alcanzar la vía judicial como pronto en agosto de 2026.

Argumentos jurídicos y legales

Para elaborar el expediente, el Ministerio ha solicitado informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, al Registro de Fundaciones y a la Abogacía del Estado. El informe jurídico concluye que una fundación puede ser extinguida si no persigue fines de interés general o si ensalza el golpe de Estado de 1936 y la dictadura, atentando contra la dignidad de las víctimas o incitando al odio o a la violencia.

Aunque la FNFF afirma tener fines culturales e históricos, la Abogacía señala que sus actividades (como la defensa del legado de Franco, la crítica a la Ley de Memoria Democrática y el mantenimiento de un archivo "opaco") demuestran una apología del franquismo contraria a la Ley de Memoria Democrática (20/2022) y a la Ley de Fundaciones (50/2002). Además, el expediente incluye informes académicos y testimonios de víctimas del franquismo que refuerzan la tesis de que la fundación difunde una visión "inequívocamente positiva" del dictador y su régimen.

Protección del archivo y medidas cautelares

Cultura ha anunciado que pedirá medidas cautelares para evitar que la fundación modifique o destruya documentos de su archivo histórico. También planea denunciar a la entidad para proteger los fondos documentales de naturaleza pública, siguiendo el precedente del caso del Pazo de Meirás. Desde el Ministerio subrayan que el objetivo es impedir que los españoles sigan "pagando" una fundación que disfruta de beneficios fiscales pese a promover el legado de una dictadura.

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