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'OPERACIÓN MERCURIO'

La alcaldesa de Montcada niega el amaño para contratar a una trabajadora

Durante todo el día han continuado en los juzgados de Sabadell las declaraciones de los imputados en la 'Operación Mercurio' que afecta al PSC. El alcalde socialista de esta ciudad declarará el domingo. El turno le ha tocado, entre a otros, a la alcaldesa de Montcada, a quien se le acusa de "tráfico de influencias". Asimismo, los dos responsables de la funeraria Torra han declarado que Jordi Soriano, el exmilitante y exconcejal del Partido Popular, les "recomendó" conceder las obras del cementerio a la empresa constructora de uno de los detenidos.

La alcaldesa de Montcada, María Elena Pérez, ha reiterado que en el proceso de contratación de una trabajadora, motivo por el que está imputada, "los  procedimientos de contratación municipal se han realizado con total legalidad".

La alcaldesa ha querido subrayar, en el citado comunicado, que no está implicada "en ninguna trama de corrupción urbanística y de cobro de comisiones, tal y como ha aparecido erróneamente en diferentes medios de comunicación".

En este sentido, María Elena Pérez ha manifestado que su figura se ha visto afectada "por el juicio paralelo y mediático que se ha producido durante estos días", y ha añadido que "confío en la justicia y querría que este proceso se hiciera con celeridad para restaurar mi honorabilidad y la imagen de la ciudad que represento".

El juez de la "Operación Mercurio" investiga si la alcaldesa socialista de Montcada i Reixac convocó un concurso a medida de un ex alto cargo del tripartito a instancias del dirigente del PSC y diputado Daniel Fernández.

Responsables de una funeraria
Antes de la alcaldesa, declaraban los dos responsables de la funeraria Torra que han declarado como imputados por la supuesta trama de corrupción con epicentro en Sabadell han asegurado al juez que el exconcejal y exmilitante del PP, Jordi Soriano, les "recomendó" conceder las obras del cementerio a la empresa constructora de uno de los detenidos de la trama.

Así lo ha explicado a la salida de los Juzgados de Sabadell Jordi Pina, el abogado de los dos responsables de la funeraria imputados, Alfons I.R. y Xavier P.T., tras su declaración ante el juez, y ha negado que Soriano reclamara a sus defendidos pago alguno por la gestión de las obras.

En octubre de 2009 la empresa Torra, que ya gestionaba los servicios funerarios de Sabadell, fue la única que optó al concurso para la gestión privada del cementerio, y se comprometió a realizar obras de ampliación y mejora de las instalaciones por valor de 8,7 millones de euros.

Serían estas obras de ampliación del cementerio de Sabadell, que suponían la construcción de más de 3.500 nichos nuevos, entre otras mejoras, donde se centrarían parte de las pesquisas de los investigadores sobre la supuesta trama de corrupción, han indicado fuentes cercanas a la investigación de este caso.

La funeraria tenía la concesión para gestionar el cementerio y ésta, a su vez, subcontrató las obras del mismo a la empresa Terrassa Constrensnius, cuyo gerente es Rafael R., uno de los 12 detenidos por los Mossos d'Esquadra este martes tras las entradas y registros que llevaron a cabo en instituciones públicas y privadas, entre ellas la sede de su empresa.

Según la versión de los responsables de la funeraria, fue Soriano, detenido también por su presunta participación en la trama, quien "recomendó" a la funeraria conceder estas obras a la empresa de Rafael R.

Alfons I.R. y Xavier P.T., imputados por delitos de falsedad documental, soborno y contra la administración pública, han declarado alrededor de una hora cada uno ante el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell y el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo.

En este tiempo ante el juez, han escuchado las llamadas telefónicas 'pinchadas' entre Soriano y los dos responsables de la funeraria, que también le han presentado el contrato de concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento en 2010.

La supuesta trama de corrupción destapada en la 'operación Mercurio' tiene como epicentro el Ayuntamiento de Sabadell y, según las primeras investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, los políticos implicados pudieron obligar a pagar 120.000 euros a las empresas para optar con garantías al concurso de concesiones y un 3% una vez la obra era adjudicada.

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