Comisiones

Funeraria Municipal se persona como acusación particular en la investigación sobre las presuntas comisiones

La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra ambos empresarios por cobrar comisiones millonarias en marzo de 2020 durante la primera ola de coronavirus.

Fachada exterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Fachada exterior del Tribunal Superior de Justicia de MadridEFE

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Un consejo de administración de la Funeraria Municipal ha aprobado personarse como acusación particular en el procedimiento judicial que se abre contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por la presunta estafa en la adjudicación de material sanitario para la ciudad de Madrid.

La Fiscalía Anticorrupciónse ha querellado contra ambos empresarios por cobrar comisiones millonarias al "inflar" el precio de la compra de material sanitario. Dicho material sanitario se compró por valor de 10,8 millones de euros el Ayuntamiento tras firmar tres contratos con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid.

La investigación comenzó en noviembre de 2020. La querella explica que el escrito judicial tiene su origen en las diligencias de investigación incoadas por la Fiscalía en 2020 y prorrogadas en 2021.

Los contratos se aprobaron en el consejo de Funeraria Municipal los días 23 y 25 de marzo del año 2020. Entre marzo y julio del mismo año se realizaron 59 contratos de emergencia para adquirir material para los empleados municipales, todos remitidos al Tribunal de Cuentas.

Votos a favor

"Hemos votado los grupos a favor de personarnos porque nos consideramos perjudicados", ha manifestado la vicealcaldesa, Begoña Villacís.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, daba a conocer que el Consistorio de la capital se había personado en concepto de perjudicado ejercitando la acción como acusación particular en dicho procedimiento.

Tanto Luis Medina, como Alberto Luceño, han sido citados a declarar en calidad de investigados el próximo 25 de abril por la presunta comisión de delitos de estafa agravada. También por blanqueo de capitales y falsedad documental por el supuesto cobro de mordidas en contratos.

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